En el Departamento de Potosí se profundiza la migración rural-urbana lo que está dejando pueblos sin habitantes y, por supuesto, que sus escuelas están dejando de funcionar.
El director departamental de educación, Javier Ortega, informó que del reporte sobre la cantidad de estudiantes en unidades educativas se evidencia que existe una sistemática migración de las familias de las poblaciones rurales a las ciudades intermedias y en especial a la ciudad de Potosí.
Esa situación obligó al cierre de cuatro unidades educativas, dos de las cuales se encuentran en el municipio de Acasio, una en Puna y otra en Betanzos.
El cierre provisional se debe a que ya no se contaba con alumnos para su funcionamiento, pero a la inversa en la ciudad de Potosí se tiene cada vez más inscritos.
Esa realidad obliga a que se tenga que gestionan más ítems de nueva creación para la ciudad de Potosí ya que la cantidad de estudiantes es cada vez mayor.
En la ciudad de Potosí existen unidades educativas de alta demanda como el Santa Rosa, Pichincha, Calero, Braum, 1ro de Abril, Manzano, Alonzo de Ibañez y otros, a los cuales acuden los hijos de los migrantes.
Durante el repliegue de micros y minibuses por el conflicto del pasaje se pudo evidenciar que muchos niños y adolescentes bajaban de las zonas periurbanas o de reciente expansión rumbo a las unidades educativas del centro.
Los padres de familia que fueron consultados sobre el por qué inscribían a sus hijos en escuelas del centro siendo que vivían muy lejos indicaron que eran unidades educativas de prestigio en las que la formación era mejor.
Muchos se habrían dejado llevar más por el nombre de la unidad educativa y reconocieron que eso les obligaba a sacrificar más a sus hijos que tenían que levantarse temprano para ir a sus establecimientos educativos.
CRÍTICA
Dirigentes vecinales de la ciudad de Potosí cuestionan a los migrantes que exigen de todo para mejorar sus condiciones de vida, pero ellos no aportan en nada puesto que el día del censo de población se fueron a sus comunidades para que los recursos que les corresponden por la coparticipación popular no lleguen a la Villa Imperial.
