Los dirigentes de las juntas y distritos municipales de Potosí rechazaron el pretendido incremento de los pasajes de micros y minibuses por considerar que los transportistas actúan de una forma ilegal al replegar sus unidades de transporte exigiendo que el pasaje de adultos suba de 1.50 a 2.00 Bolivianos.

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Carlos Ramírez, informó que en un ampliado desarrollado anoche se aprobó un contundente rechazo a la elevación de los pasajes y se repudió la actitud de los gremios del transporte que suspendieron el servicio de forma unilateral violando el reglamento que regula su actividad.

Los dirigentes acordaron solicitar a los concejales que se congele la Ordenanza Municipal 025/2014 que define el precio diferenciado de los pasajes mientras no se cuente con un nuevo estudio tarifario.

Los choferes habían solicitado al alcalde, Jhonny Llally, una ley provisional que defina el alza de pasajes solo en la categoría adultos, manteniendo los otros pasajes como el de los estudiantes, universitarios y otros.

Para los dirigentes vecinales, ese pedido es irregular puesto que no se puede señalar un aumento de precios sin conocer el costo real del servicio y en un momento en el que la población en general enfrenta una serie de dificultades económicas.

Algunos dirigentes pidieron que se reactive el proyecto del transporte vecinal que consiste en que los distritos aglutinen a los vecinos que cuentan con micros y minibuses y se los habilite para que presten el servicio con el pasaje normal.

También se reunirán con el gobernador a quien le pedirán que interponga sus acciones para que el proyecto de construcción de un teleférico se haga realidad en el menor tiempo posible ya que, al momento, el mismo tiene importantes avances.

SANCIONES

Los vecinos demandan que en el Consejo de Transporte se analice la actitud de los choferes que por norma tienen la obligación de prestar el servicio los siete días de la semana en los horarios establecidos.

Los estudiantes potosinos califican el repliegue de los motorizados como un atentado al derecho a la educación y no descartan iniciar acciones legales contra quienes cometen esa ilegalidad al impedirles las condiciones para su traslado a las unidades educativas.