Durante 2022, dos instituciones de Potosí, el Seguro Social Universitario Integrado (SSUI) y la Gobernación, compraron pruebas rápidas de antígeno nasal, para la detección de covid-19, en precios muy superiores a las del resto del país, según se puede evidenciar al revisar los procesos publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
La diputada potosina Lissa Claros desarrolló la investigación que, en el caso de la Gobernación, derivó en la imputación del gobernador titular, Jhonny Mamani, y una decena de funcionarios y exfuncionarios, la mayoría de ellos del Servicio Departamental de Salud (Sedes).
Lo que Claros encontró es que, a lo largo de 2022, hubo un total de 12 compras de pruebas de antígeno nasal con dinero del Estado. En diez casos, los precios varían entre 6 a 24 Bolivianos por unidad, pero la Gobernación de Potosí compró 24.263 pruebas a un precio unitario de Bs 40, así que pagó 970.520 Bolivianos a la empresa Rigaan Import Export.
Al igual que pasó con otros insumos médicos, como los barbijos y los guantes de látex, las pruebas de antígeno nasal se elevaron en las diferentes olas de la pandemia de covid-19, pero cuando la Gobernación hizo sus compras, el 24 de agosto de 2022, ya había pasado la cuarta ola y las cosas volvían paulatinamente a la normalidad. Apenas dos días antes, la regional cochabambina de la Caja Nacional de Salud compró 5.000 pruebas a un precio unitario de Bs 15; es decir, menos de la mitad del precio que pagó la gobernación potosina.
