Las fiscalas Gabriela Quintana López y Magaly Castro Luna no fueron las primeras en librar de pena y culpa al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por el escandaloso caso de las 41 ambulancias ya que los primeros en hacerlo fueron los asambleístas del MAS que firmaron el informe de una "comisión especial" que se formó en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí para investigar ese asunto.

De inicio, esta comisión estaba integrada solo por masistas pero, debido a los reclamos de la oposición y a la condena ciudadana, se incluyó por lo menos a un opositor, Reynaldo Romana, que; sin embargo, no firmó el informe que exime de responsabilidades al gobernador.

En sus páginas 24 y 25, el informe dice que, aunque el 31 de diciembre de 2021 fueron emitidos cuatro cheques para pagar a la empresa Estefals Logistic por las 41 ambulancias, "luego de identificarse las irregularidades en el proceso, se revierten mediante formulario C-31 de reversión y se anulan los cheques por lo que no fue efectivizado la cancelación y evitándose de esta manera el daño económico al Estado por la Adquisición de las 41 Ambulancias Tipo 1".

La inexistencia de daño económico, porque el pago no llegó a efectivizarse, es el argumento que siempre manejó Mamani para señalar que este caso no le causó daño económico al Estado. Es el mismo argumento que emplean Quintana y Castro para sobreseerlo. Gabriela Quintana aparece permisiva en este caso y su actuación es diametralmente opuesta en la investigación que se sigue contra el expresidente cívico Marco Pumari, al que sí envió a la cárcel.

Jhonny Mamani fue detenido por orden de la Fiscalía Anticorrupción de La Paz, pero no por daño económico al estado, sino por legitimación de ganancias ilícitas.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.