Evasivas: esa es la actitud que se encuentra tanto en el gobierno central como en el departamental y hasta en el mismo Ministerio Público donde una fiscala llegó a decir que no hay denuncias por el caso de presunta extorsión a cuatro de los propietarios de los hoteles de sal del Salar de Uyuni.

En el nivel nacional, la viceministra de turismo, Eliana Ampuero, le dijo al diario Página Siete que el asunto es un "acuerdo entre partes", pese a que lo que se denunció, cuando se produjo el bloqueo a los hoteles, fue extorsión; es decir, la presión que ejercen, desde hace años, un grupo de personas que asumen la representación de la comunidad de Colchani, con el fin de obtener pagos de los propietarios.

En la misma línea respondió el secretario departamental de turismo y cultura de Potosí, Erick Quispe, cuando se le consultó el tema: él dijo que el conflicto se ha solucionado y todo ha vuelto a la normalidad en las orillas del salar, cuando lo que realmente ocurrió es que los dirigentes de Colchani subieron el monto anual de "regalías" de 8.000 a 10.000 dólares y el reconocimiento de una deuda de 30.000 dólares por pagos devengados. Todo eso lo lograron con la presión que ejercen sobre los hoteles, ya ea bloqueándolos o amenazando con daños mayores.

El artículo 333 del Código Penal Boliviano señala que "el que mediante intimidación o amenaza grave constriñere a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio económico, incurrirá en reclusión de uno a tres años". Pese a la claridad de esa norma, la fiscala de Uyuni, Pamela Bazán, pidió "complementación" cuando uno de los propietarios de hoteles denunció formalmente los delitos supuestamente cometidos al bloquear esos establecimientos de hospedaje.

"La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse al mínimo posible", es el argumento que puso en su repuesta en la denuncia. Pese a que la denuncia existe, y está con el CUD 512102122300128, Bazán le dijo a este diario que no se presentó ninguna denuncia sobre el caso de la extorsión a los propietarios de los hoteles de sal.

Una denuncia anterior, presentada por Hilda Terceros, dueña del hotel Cristal Samaña, fue retirada cuando los dirigentes invadieron su establecimiento y la obligaron a retractarse públicamente.

La extorsión tiene, incluso, prueba documental: la carta, firmada y sellada, que los dirigentes les pasaron a los tres dueños de los hoteles hostigados pidiéndoles el pago de 35.000 dólares por obligaciones supuestamente devengadas. 

El texto central de la carta dice que "´por la determinación de una gran asamblea general de la comunidad realzado (sic) el 04 de diciembre de 2022 se determinó que el hotel .... tiene la obligación de regularizar los pagos pendientes de las gestiones 2029, 2021, 2022 a su brevedad posible caso contrario del incumplimiento de pagos de la comunidad entera constituirá en el hotel con las medidas de presión". En esa carta se establece que el monto de la "deuda", por hotel es de 35.000 dólares.

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