Con o sin indicios de responsabilidad: esas son las dos posibilidades extremas que se presentan ante un juzgador en una audiencia de medidas cautelares. Si le parece que hay indicios, dicta medidas cautelares; si percibe que no hay, entonces determina que el acusado se defienda en libertad, sin ninguna limitación ni condicionamientos. Como el juez cautelar segundo en lo penal de Potosí, Homero Cardozo, determinó aplicar medidas cautelares al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, la conclusión inequívoca es que encontró indicios de responsabilidad en el intento de compra supuestamente irregular de 41 ambulancias por un valor de 20,5 millones de Bolivianos.

Esa es la interpretación jurídica de la decisión asumida ayer por Cardozo cuando por fin se pudo instalar la audiencia de medidas cautelares. Determinó que Mamani esté sometido a detención domiciliaria con derecho al trabajo, lo que quiere decir que solo podrá salir de su casa de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00, y solo para ir a su fuente laboral que, en su caso, es la Gobernación de Potosí. Además, se le aplicó otras medidas cautelares como la presentación ante la Fiscalía todos los lunes, a marcar con su huella digital; la presentación de dos garantes que deberán prestar fianza de 100.000 Bolivianos que será ejecutada si es que no se presenta alguna vez; la prohibición de comunicarse con los demás acusados y el arraigo nacional. Por esta última medida cautelar, el gobernador ya no podrá salir del país.

Tomando en cuenta que Mamani viajaba bastante, especialmente al interior del Departamento, a organizar ampliados del MAS que terminaban aprobando resoluciones de apoyo a su gestión, la detención domiciliaria es una medida relativamente dura. Su vigencia significa que tampoco podrá viajar a otras regiones, como solía hacerlo con frecuencia, solicitando autorización a la Asamblea Legislativa Departamental a último momento. Pese a todo esto, la oposición ha expresado su disconformidad con la medida por considerarla excesivamente blanca. Tanto la diputada Lissa Claros como la asambleísta Azucena Fuertes señalaron que debió determinarse detención preventiva en la cárcel de Cantumarca.

Mamani ha intentado zafarse de este caso e, incluso, motivó que los funcionarios relacionados con el caso depositen un monto equivalente a la boleta de garantía por el contrato de las 41 ambulancias; con el fin de que desaparezca la figura del daño económico pero, por ahora, eso ha servido de poco.

No obstante, que se le fije medidas cautelares no significa que se le esté sentenciando por este caso ya que el proceso apenas está comenzando. Al terminar, incluso podría determinar su sobreseimiento, así que la buena marcha del caso está en manos de la habilidad que tenga el Ministerio Público para probar su culpabilidad.

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