Presunto sobreprecio y vulneración a limitaciones constitucionales. Esos son los argumentos que esgrimió la reducida oposición en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí cuando rechazó la aprobación de un total de 14 informes de comisiones que recomiendan construir canchas de césped sintético cuyo costo global supera los 48 millones de Bolivianos. El oficialismo refutó las observaciones y aprobó los informes. Una asambleísta del MAS llegó a decir que los opositores "pueden gritar, pueden revolcarse, hacer lo que ellos gusten", pero los oficialistas los aprobarán de todas maneras... y lo hicieron.

Los informes fueron aprobados entre el jueves y viernes recién pasados. Para ello, se convocó a tres sesiones extraordinarias en las que los argumentos fueron repetitivos: una oposición señalando las limitaciones constitucionales, que podrían motivar procesos posteriores a los asambleístas, y un oficialismo cuyo argumento giraba en torno a la necesidad de construir campos de fútbol para mejorar el rendimiento y la formación de los deportistas. La asambleísta Jhenny Quisbert llegó a perder la paciencia en determinado momento y dijo que, si hay procesos, los van a encarar. "Nosotros vamos a aprobar, porque somos mayoría", dijo, y su sentencia se cumplió al pie de la letra porque se presentó 14 informes de comisiones y todas fueron aprobadas con los votos del oficialismo que, como apuntó Quisbert, tiene mayoría absoluta en la ALD

SOBREPRECIO

Quien alertó de un supuesto sobreprecio fue la asambleísta de Puka Sunqu, Azucena Fuertes, que, cuando se estaba aprobando el informe sobre la cancha de césped sintético en Llica, con un costo de 3.609.460,97 Bolivianos, advirtió que estaba por encima del monto aprobado un día antes para la construcción de un internado en Campaya, en la Unidad Educativa Tomás Katari del municipio de Pocoata. Este proyecto, que incluye dormitorios, baños, duchas, comedor, cocina, depósito y portería tendría un costo de 2.925.620,78 Bolivianos; es decir, menor al del campo deportivo.

“He sido concejala municipal y, cuando hemos aprobado este tipo de canchas de césped sintético, lo hemos hecho con un costo de un millón 500 (mil Bolivianos) y ahí ya se denunciaba sobreprecio”, dijo en la sesión.

Pero a sus colegas de la oposición, ese argumento les pareció nimio y hasta llegaron al extremo de justificar la diferencia de precios señalando que hay lugares lejanos, como Llica, a los que cuesta más llevar los materiales de construcción. Sin embargo, otras 10 canchas con césped sintético tienen el mismo precio; es decir, 3.609.460,97 Bolivianos, pese a que están en diferentes lugares del territorio potosino y una está en San Antonio, del municipio de Yocalla, a escasos cinco kilómetros de la capital de Departamento.

Aparentemente por tratarse de precios referenciales, 11 proyectos tienen el mismo precio, 3.609.460,97 Bolivianos, y otros tres costarían Bs 2.790.917,94.

Muchos otros proyectos de la Gobernación de Potosí cuestan menos de eso. Por ejemplo, el jueves fue inaugurado el proyecto de construcción del campo deportivo y tinglado en la unidad educativa Eduardo Abaroa de Pueblo Viejo, en el municipio de Mojinete, con un costo de 1.049.447,77 Bolivianos.

En la semana que termina, la ALD aprobó varios proyectos y por lo menos ocho de ellos tienen costos menores a 3,6 millones de Bolivianos (ver cuadro), pese a que se trata de obras importantes como, por ejemplo, los puentes vehiculares de Cahuayo, Ojarake y Sicoya, cuyos costos no pasan de 2,2 millones de Bolivianos.

INCONSTITUCIONAL

Pero la observación de presunto sobreprecio es sobre lo que podría ocurrir. La que tiene que ver con vulneraciones constitucionales es la que ya está ocurriendo, cuando se viabiliza estas normas que no estarían enmarcadas en la Constitución Política del Estado (CPE).

Según el artículo 300 de la CPE, la competencia de las gobernaciones es departamental y eso incluye al deporte, que está en el numeral 17 de ese precepto. Eso significa que la Gobernación de Potosí solo puede ejecutar obras de infraestructura deportiva para aprovechamiento departamental. Las canchas de césped sintético que quiere construirse son todas en jurisdicción de municipios, así que a estos les corresponde ejecutarlos, según dispone el numeral 14 del artículo 302 de la Constitución. Para ponerlo más claro, esas canchas tendrían que ser construidas por las alcaldías de cada municipio, pero la Gobernación de Potosí está por asumir esa tarea, que está fuera de su jurisdicción.

Desde que los proyectos fueron presentados a la ALD, el asambleísta Jaime Flores, que es abogado, ha advertido que son inconstitucionales, pero sus colegas del oficialismo le ignoran y aprueban los informes, o se enojan y advierten que los van a aprobar de todas maneras, como hizo Quisbert.

Con el fin de hacerle una gambeta a la Constitución, la Ley Departamental del Deporte faculta a la Gobernación a construir infraestructura deportiva con otras entidades, pero el parágrafo II del artículo 43 de esa norma dice que debe ser mediante convenios intergubernativos de cofinanciamiento; es decir, las otras instituciones intervinientes también deben poner dinero.

Pero luego sobrevino otra ley departamental, la del fortalecimiento al deporte, que le permite a la gobernación construir canchas de césped sintético de tipos I y II y polideportivos de tipo I y II. Flores advierte que esta ley colisiona con el parágrafo II del artículo 42 de la Ley Departamental del Deporte, que exige cofinanciamiento.

 En criterio de este asambleísta, si esos proyectos se ejecutan tal como preliminarmente se han aprobado en la ALD, se estaría violando la CPE, así que anunció que enviará todos los informes aprobados al Tribunal Constitucional Plurinacional, con fines de control constitucional; es decir, para que sea este ente quien determine si se está vulnerado o no la ley de leyes de Bolivia.

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