La audiencia en la que se debe determinar medidas cautelares para el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, y los demás acusados por las supuestas irregularidades en el fallido intento de compra de 41 ambulancias se suspendió hasta el 15 de agosto y otra de las denunciantes, la diputada Lissa Claros, se sumó a las versiones en el sentido de que se está usando métodos dilatorios para extender la investigación.
Como se había anticipado, uno de los acusados no se presentó y justificó su ausencia con un certificado médico que amerita que tiene covid-19 pero, además, no aparecía el cuaderno de investigaciones.
La legisladora calificó a estos hechos de "chicana" y dijo que lo que buscan es evitar que se asume medidas que perjudiquen al gobernador.
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