Pedro y Pablo (nombres ficticios) son funcionarios sindicalizados del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Trabajaban normalmente hasta que recibieron memorandos designándoles como integrantes de comisiones de calificación de propuestas para la compra de ambulancias. Desde entonces viven en medio de presiones porque, primero, quisieron hacerles firmar un documento que modificaba fechas del proceso y, luego, se les anunció que serán cambiados, y hasta sustituidos.
“Nosotros estamos amedrentados por algunas autoridades del Sedes, también algunas personas que están viviendo de la gobernación a rondar, aquí, las instalaciones, nuestro punto de trabajo. Y también algunas llamadas de algunos funcionarios de la gobernación también, queriendo comunicarse, pero no he accedido, la verdad, porque tengo temor de hablar tal vez lo que es y pueda tener yo algún tipo de proceso y demás situaciones”, dijo uno de ellos.
Su situación es parecida a la que pasaron, en su momento, los integrantes de la comisión de recepción: recibieron memorandos e hicieron lo que les dijeron, incluso firmar un acta en el que señalaban que estaban recibiendo las ambulancias a satisfacción, pero después no solo fueron destituidos, sino que se los ha sometido a proceso, prácticamente entregando sus cabezas para que ellos sean los imputados por las irregularidades en este controvertido proceso de compra de bienes.
De inicio, estas tres personas también fueron contactadas, pero para pedirles que no den detalles de lo sucedido. Se les aseguró que serían respaldados por la gobernación, que hasta les pondría abogados para su defensa, pero cumplió a medias porque el letrado que fue encargado para su defensa solo les acompañó hasta su declaración en la Fiscalía. Ese dato coincide con el hecho de que dos de los tres involucrados optaron por acogerse al silencio, y, por ello, no dieron mayores detalles de lo sucedido. Ahora, todos están con abogados particulares y han perdido sus empleos.
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Pedro y Pablo se visibilizaron cuando este diario tuvo acceso a un audio en el que se escucha a una funcionaria hablar con ellos para persuadirles de que firmen una nueva acta de calificación de propuestas, pero con fechas modificadas. La mujer, que se identifica como Daniela Ortega, les dice que el documento debe adecuarse rápidamente, porque el gobernador debe comparecer en conferencia de prensa porque ya había estallado el escándalo de las 41 ambulancias. Eso significa que la visita que la enviada de la gobernación les hizo es posterior al 12 de enero, cuando los diarios El Deber y El Potosí revelaron que esa entidad autónoma estaba comprando los 41 automóviles en medio de graves irregularidades.
Como se negaron a hacer lo que la funcionaria les pedía, “para el gobernador”, ahora están “fichados” y sus compañeros de trabajo ya escucharon decir, a las autoridades del Sedes, que uno de ellos sería enviado a Betanzos mientras que el otro sería destituido.
El escándalo también ha dividido aguas entre la Gobernación de Potosí y el Sedes. En la institución de salud trabajan muchas personas que no son militantes del MAS, y, como Pedro y Pablo, son las que se han negado a colaborar en este y otros casos. Están sindicalizados, así que esperan que su sindicato los respaldo si es que los anuncios de represalias se cumplen.
Los trabajadores del Sedes están movilizados contra las designaciones políticas en su institución. Piden la destitución de la responsable de Recursos Humanos, Ana Jimena Villca Mamani, que aseguran que es pariente del gobernador, Jhonny Mamani, y por eso goza de protección. De hecho, el director del Sedes, Oscar Lazcano, ha salido en defensa de esta funcionaria, negando el parentesco.
Otras personas señaladas de lo mismo son Maritza Achacollo Mamani y Edward Iván Vásquez Mamani, ambos de Redes del Sedes, así como Mireya Marcela Mamani Cabrera. A la lista se ha sumado a Deysi Coro Choque, que trabajaría en el Sedes de Uyuni y, supuestamente, sería esposa del gobernador.
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