El audio en el que una supuesta funcionaria de la Gobernación de Potosí intenta que dos empleados del Servicio Departamental de Salud (Sedes) firmen un documento para modificar fechas en el proceso de la fallida compra de 41 ambulancias es auténtico. Este diario confirmó que la grabación no es trucada ni fue editada. También se estableció el lugar en el que fue hecha.

Con esa seguridad, presentamos el audio, aunque este fue editado para comodidad de nuestros seguidores en redes sociales. El audio también está en poder de algunos de los implicados en el caso y asambleístas de oposición, como Jaime Flores y Reynaldo Romana. Dura 12 minutos con 57 segundos, pero al principio y al final solo se escucha el roce de la ropa de quien tiene la grabadora en su bolsillo.

Lo que se puede advertir en la grabación es que la persona que se identifica como Daniela Ortega intenta persuadir a los funcionarios del Sedes a firmar un documento que libraría de responsabilidad al gobernador. “Por salvarle a él, nosotros nos vamos a meter en…”, advierte uno de ellos, pero ella responde que “no, no les va a generar responsabilidades. En todo caso, ahorita lo que sí están conscientes de que tal vez puedan tener algún tipo de responsabilidad son los de (la comisión de) recepción, porque han recepcionado algo que no estaba”. 

Los funcionarios que fueron contactados por Ortega explicaron, mostrando mensajes en su celulares, con las fechas respectivas, y fotografías, que ellos no tienen nada que ver en el caso y hasta se intentaba involucrarlos en este caso, para descargar la responsabilidad de "los de arriba". Eso es lo que está pasando con las tres personas que firmaron el acta de recepción de las ambulancias: habrían actuado siguiendo órdenes superiores, pero ahora los han destituido y ellos son los que están siendo procesados. 

LOS DATOS

El año pasado, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, firmó el contrato para la compra de 41 ambulancias optando por la invitación directa a la empresa Stefals Logistic

El proceso se frustró porque se evidenció ilegalidades, como la existencia de un documento de recepción definitiva en el que se establece que los vehículos fueron recibidos por la institución, de acuerdo a contrato, pero esos equipos nunca llegaron a Potosí.

El contrato con Stefals Logistics es de más de 20 millones de Bolivianos, monto que se estaba a punto de pagar cuando surgió una observación del nivel central que habría frustrado la adquisición.

Tras hacerse pública una intención de compra de 41 ambulancias a una empresa de reciente creación cuyo capital era inferior al monto del contrato, Jhonny Mamani anunció la anulación del contrato destacando que no se había pagado un solo centavo por esos vehículos.

Posteriormente hubo denuncias contra el gobernador y funcionarios de la gobernación y el Sedes por presunto daño económico, al no haber recuperado la boleta de garantía y otros.

Desde que estalló el escándalo, uno de los denominadores comunes ha sido el intento de librar de toda responsabilidad al gobernador, pese a que, al ser él la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), esta se halla establecida en los decretos supremos 181 y 4432.

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