El trato que recibió el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por parte de las autoridades judiciales es distinto a los de la oposición. En su región, aseguran que “tiene protección porque fue elegido por Evo Morales”, el jefe del MAS, mientras que el seguimiento de la Defensoría sobre este caso observa el vencimiento de varios plazos y demoras en la investigación.

Además, la Procuraduría General del Estado halló responsabilidades de Mamani en el fallido proceso de adquisición de 41 ambulancias para su departamento, primero porque no cumplió el Decreto 4432 que establece su responsabilidad en todas las fases del contrato y segundo por no haber ejecutado una póliza de garantía de Bs 1,4 millones en favor de la Gobernación.

 Ese monto fue el que anotó la empresa Estefals Logistics, la proveedora de los bienes, por una operación de Bs 20,5 millones. “No se ha gastado ni un solo centavo de la Gobernación”, aseguro Mamani cuando se presentó ante la comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados.

A solicitud de EL DEBER, la Defensoría del Pueblo envió un reporte de seguimiento de este caso. Es atribución de esa entidad porque está en juego el derecho a la salud de los potosinos, además que la operación se hizo sin licitación y de manera directa en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid.

La Defensoría hizo notar varias omisiones de la Fiscalía en este caso. Por ejemplo, la ausencia de elementos básicos en las investigaciones de supuestos ilícitos.

Por ejemplo, el juez conminó a la Fiscalía, en una audiencia el 5 de abril, que presente el croquis del domicilio de los denunciados, entre ellos el gobernador Mamani. Enfatizó que el 7 de febrero hizo ese reclamo sin que se haya cumplido ese requisito. En todos los escritos, el gobernador fijó su domicilio en su despacho, pero ese detalle no estuvo precisado.

Según el documento de la Defensoría, la Fiscalía pidió en febrero un plazo ampliado de 60 días para desarrollar las investigaciones; ese tiempo se cumplió y no existen mayores avances en el caso. La Fiscalía tomó una declaración al gobernador, quien no volvió a presentarse a otros actos investigativos como la apertura de sobre de los documentos que se secuestraron desde su despacho.

El Ministerio Público secuestró documentos de varias reparticiones de la Gobernación, incluso del Servicio Departamental de Salud (Sedes), según el reporte.

La fiscala Roxana Choque aseguró que en este caso se cumplen con todos los actos procesales e investigativos y que la investigación avanza de acuerdo con la ley.

Mamani se presentó el 26 de abril en la comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados para responder a un informe oral solicitado por cuatro parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC). La diputada Lissa Claros y su colega Guillermo Benavides enviarán la transcripción del informe de Mamani “como prueba de cargo, tanto en las investigaciones sobre las 41 ambulancias”.

En Potosí, el asambleísta Oswaldo Flores denunció al presidente de la Asamblea, Marcial Ayali, por no remitir el caso a la Fiscalía, tal como fue solicitado por la Procuraduría del Estado.

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