La tensión vuelve a subir en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD). El segundo informe de la comisión especial de fiscalización sobre la compra fallida de las 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí será considerado mañana por el pleno, en sesión ordinaria que fue convocada para la tarde.
El segundo informe difiere del primero debido, entre otras cosas, a que recomienda que el presidente de la ALD, Marcial Ayali, inicie “acciones penales en contra de todos los servidores públicos sean estos autores materiales o intelectuales que participaron en el proceso de contratación de adquisición de 41 ambulancias Tipo I y Anulación de Contrato”.
Una vez más, la comisión evita referirse directamente a la responsabilidad del gobernador, Johnny Mamani, en los procesos de compra pese a que esta aparece en el informe de la Procuraduría General del Estado (PGE). Con todo, el informe será puesto a consideración del pleno y se prevé que genere encendidos debates por lo delicado del tema.
El contenido del segundo informe de la comisión fue publicado por este diario, lo que ocasionó un remezón en la asamblea, tanto que el viernes se preparó el memorando de despido para el responsable de la Unidad de Transparencia, Marcelino Bobarín, por considerar que fue él quien lo filtró. Por ello, El Potosí señala públicamente que no tuvo ningún contacto con ese funcionario. Más aún, esa documentación fue obtenida de la propia comisión y, específicamente, de gente vinculada al MAS.
Aunque el MAS controla la ALD, la división en torno a personas de ese mismo partido se puede advertir claramente. Bobarín trabajó con el exgobernador Juan Carlos Cejas y esa es una de las razones por las que Ayali lo preferiría lejos. Curiosamente, tanto entre la gente de Jhonny Mamani, en el ejecutivo, y Marcial Ayali, en la asamblea, se ve a la gestión de Cejas como una sombra que eclipsa a la actual administración. Esa es una de las razones por las que se despidió a la gente que trabajó con él.
En tanto, se ha confirmado plenamente el alejamiento del jefe de gabinete, Edwin Amézaga, quien, según se sospecha por las fotocopias que presentó, habría accedido al cargo supuestamente falsificando un título de Ingeniero Agrónomo. Tomando en cuenta que la Universidad Autónoma Tomás Frías informó oficialmente que Amézaga no tiene título profesional, se decidió denunciar el caso al Ministerio Público por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.
