La investigación que realiza la Fiscalía de Potosí respecto a las ilegalidades en el fallido proceso de compra de 41 ambulancias apunta a imputar a funcionarios intermedios y por lo menos cuatro de ellos ya están identificados en el cuaderno de investigaciones.

El caso de las 41 ambulancias se ha convertido en el caso más sonado de corrupción en la Gobernación de Potosí del periodo de las autonomías, y probablemente de los anteriores. Pese a que tiene responsabilidad como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), el gobernador, Jhonny Mamani, ha tomado distancia del asunto e incluso se ha constituido en denunciante en contra de la empresa que se adjudicó el contrato. En las ocasiones que se ha referido al tema, ha manifestado que no se ha pagado un solo centavo por las 41 ambulancias, pero diputadas y asambleístas departamentales de oposición recuerdan que los cheques de pago fueron emitidos y, si no se hicieron efectivos, fue por observaciones del Ministerio de Finanzas.

 

ACUSADORES Y ACUSADOS

Las denuncias en contra de Mamani y funcionarios de la gobernación fueron presentadas por la diputada Lissa Claros, el asambleísta Osvaldo Jaime Flores y la presidenta del Comité Cívico Potosinista, Roxana Graz, pero el Ministerio Público decidió atenderlas en un solo caso. Las fiscalas asignadas al caso son Magaly Castro Luna y Gabriela Quintana López.

En algunos casos, como el de la denuncia de Flores, se denunció simplemente a “autor o autores”, pero luego se la amplió en contra del gobernador, Johnny Mamani, además de los tres integrantes de la comisión de calificación que firmaron el acta de recepción de las ambulancias, pese a que estas no habían llegado a Potosí. Estas tres personas son Jorge Pablo Velarde Torrico, Carlos Alberto Aguirre Marino y David Favio Pozo Medrano. Los cuatro están acusados de la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones púbicas, uso indebido de influencias, uso de instrumento falsificado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, beneficios en razón del cargo y contratos lesivos al Estado.

El responsable de los procesos de contratación, Luis René Loayza Gallardo, es acusado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

En el cuaderno de investigaciones se lee que el hecho más irregular es que la comisión de calificación “suscribió un acta de recepción sin haber recibido una sola ambulancia” e, incluso, según los documentos, la supuesta recepción de los vehículos habría durado desde las 10:00 hasta las 17:00 del 31 de diciembre de 2021.

 

DEFENSA Y TESTIGOS

De los cuatro funcionarios denunciados, Loayza y Aguirre decidieron asumir defensa y solicitaron copia del cuaderno de investigaciones. El primero es representado por la abogada María Luisa Valda y el segundo por su colega Jorge López. Atendiendo la citación del Ministerio Público, Pozo y Velarde se presentaron ante esa instancia, pero se acogieron a su derecho al silencio.

El dueño de la empresa que se adjudicó la venta de las 41 ambulancias, Luis Humberto Huanca Torrez, y el representante del Taller Automotriz Zegarra Motors, Cristian Erick Zegarra Acuña, fueron citados y declararon como testigos. Huanca declaró a favor del gobernador porque dijo que este no firmó la adenda y también declaró no haber recibido un solo centavo por los cuatro contratos que suscribió con la Gobernación de Potosí.

Lo último que se ha dispuesto es la citación a un total de 10 asambleístas departamentales para que declaren como testigos: Silvana Baños, Emilio Muraña, Marcial Ayali, Alberto Quispe, Marco Antonio Copa, Hipólita Porco, Jaime Fernández, Grover Yelma, Azucena Fuertes y Osvaldo Jaime Flores.

También se ha emitido citaciones para Osvaldo Mariscal Barrios y Víctor Neil Arancibia Pradel que, según declaró Huanca, fueron quienes le contactaron a él a nombre de la Gobernación de Potosí.

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