El allanamiento de algunos ambientes del edificio central de la Gobernación de Potosí, y el secuestro de documentación vinculada a la fallida compra de las 41 ambulancias, es la consecuencia del pedido que planteó una de las denunciantes, la diputada Lissa Claros, quien también requirió otras medidas, como la aprehensión del gobernador Jhonny Mamani y la emisión de una alerta migratoria.

En un memorial presentado el 7 de febrero con el título “Pide requerimientos para fines investigativos y alerta migratoria”, se plantea las siguientes peticiones:

“1.- Se pide la aprehensión de forma inmediata de los denunciados Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, Jorge Pablo Velarde Torrico, Carlos Alberto Aguirre Marino y David Favio Pozo Medrano siendo que en el presente caso es vital de estos personajes son con probabilidad autores de los ilícitos denunciados.

“2.- Se pide se expida el pedido de alerta migratoria ante la Dirección General de Migración (Digemic) de los denunciados”.

El pedido de allanamiento, y el consiguiente “secuestro de documentación y elementos que son vitales en la presente investigación”, figura en el punto 3, aunque ya se había planteado en el memorial de denuncia, que fue presentado el 26 de enero.

Hasta la fecha, el Ministerio Público solo ha atendido los pedidos del allanamiento y secuestro de documentos porque, como se sabe, ni el gobernador, Jhonny Mamani, ni los otros tres acusados —que son los que firmaron el acta de recepción de las 41 ambulancias— han sido aprehendidos, Es más, la investigación sobre este caso se desarrolla sin ningún detenido.

También se pidió toda la documentación de los contratos que la Gobernación de Potosí firmó con la empresa Stefals Logistics, pero este requerimiento aún no ha sido atendido.

En el memorial se solicita que “se nos entregue toda la documentación, actas de recepción, contratos, inspección y otros respecto al asunto de la adquisición de las 41 ambulancias por parte de la Gobernación del Departamento de Potosí que se realizó a finales de la gestión 2021” y que “se requiera a la empresa Stefals Logistics, de propiedad del señor Luis Humberto Huanca Torrez, mayor de edad y hábil por ley, a efectos que se nos entregue toda la documentación que tenga en su poder sobre todos los contratos que realizo con la Gobernación Departamental de Potosí”.

En la revisión de los contratos subidos al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) se encontró que existen por lo menos cuatro contratos entre Stefals Logistics y la Gobernación de Potosí por montos que, sumados, superar los 22 millones de Bolivianos.

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