Un vehículo que estaba guardado en el garaje de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de Potosí y que, según su gerente, era alquilado por Osvaldo Mariscal Barrios, quien fue identificado como uno de los tramitadores de las 41 ambulancias, pertenece en realidad a la empresa de construcción Arce Lema S.R.L., que circunstancialmente tiene un contrato con la estatal caminera por el tramo caminero Uyuni-Atocha-Tupiza. 

Siguiendo el rastro de este vehículo, un Mitsubishi tipo L200, modelo2018 que se encontraba en oficinas de la ABC Potosí y que lo vincula con Mariscal Barrios, se identificó que está registrado a nombre de esta empresa constructora radicada en Tarija, la cual tiene una serie de observaciones en proyectos anteriores.

Para la adjudicación del contrato del tramo caminero Uyuni-Atocha-Tupiza, Arce Lema S.R.L. ingresó como parte de una asociación accidental denominada constructora Santa Fe.

¿Cómo quedó la camioneta en poder de Osvaldo Mariscal Barrios?

Esta es una respuesta que la empresa constructora se negó a dar.

Cuando se recogía información, se nos dio con la puerta en las narices. Luego se negaron a dar entrevistas.

En la investigación de El Potosí, el gerente regional de la ABC, Milton Villa, dijo que el vehículo se encontraba en estas oficinas porque era “alquilado” por Mariscal. Sin embargo, se guardaba en el garaje de la institución.

Denuncias e irregularidades

Arce Lema está involucrada en el Departamento de Tarija en proyectos que están siendo auditados o que se encuentran en proceso judicial.

Uno de las obras en cuestión es la construcción de la Rotonda de la Bandera en la zona norte de la ciudad de Tarija, la cual es conocida popularmente como el “mástil millonario” por su alto costo de Bs 5 millones.

La obra a cargo de esta empresa fue realizada en la gestión del alcalde Rodrigo Paz Pereira, la cual no fue oficialmente entregada y el mástil tampoco es utilizado, ni siquiera en fechas cívicas.

El actual alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, explicó a los periodistas durante las celebraciones cívicas de agosto de 2021, que el mástil no solo costó 5 millones de bolivianos, sino que también le puede costar a este municipio Bs 200 mil anuales si se quiere tener una bandera izada los 365 días del año.

El Concejo Municipal de Tarija inició una auditoría a esta obra por una serie de irregularidades, una de ellas es que tenía asignado un presupuesto de Bs 20 mil cuando se presentó el proyecto en 2017 y que, por medio de una ley aprobada en 2018, hubo una modificación que incrementó su costo a Bs 5 millones.

Otra de las observaciones tenía que ver con la empresa Arce Lema es que al momento de adjudicarse el proyecto, en 2018, estaba legalmente impedida por una sanción que recibió en 2015, debido al “incumplimiento en un proyecto en el Departamento de Pando”, según había denunciado en ese entonces el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS ) Sergio Gallardo Tárraga.

El concejal había pedido al entonces alcalde que inicie acciones legales contra esa empresa porque estaba sancionada e imposibilitada de adjudicarse cualquier proyecto en el tiempo de tres años, periodo que no había concluido. El proyecto por el que había sido sancionada fue cuando formaba parte de la Sociedad Cocibol S.R.L. y Asociados.

 Johnny Torres Terzo, alcalde de Tarija, dijo que da por “cerrado” el caso del mástil al indicar que existe una auditoría iniciada por el Concejo Municipal que actualmente se encuentra en pleno proceso.

Otro de los casos observados en los que se encuentra involucrada esta empresa es del tramo carretero Puente Jarcas- Piedra Larga, en la ruta al Chaco, que le fue adjudicada en 2015.

En este caso, la Fiscalía identificó los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, conducta antieconómica y falsedad ideológica.

Por este proceso, el exgobernador de Tarija Adrián Oliva Alcázar, el exdirector del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) y el representante de esta empresa están siendo investigados.

Según la denuncia que fue interpuesta por el entonces asambleísta departamental Abel Guzmán, el Sedeca realizó una contratación por administración directa con la empresa Arce Lema por un monto de Bs 190.286.227,35, donde aparentemente se habrían cometido una serie de irregularidades.

Entre las irregularidades se tiene que se dio un anticipo del 20% con fecha 21 de enero 2016 de una de las pólizas de garantía y la orden de proceder recién fue emitida el 25 de febrero 2016.

Mientras en la ciudad de Tarija, el tema del mástil sigue estando dentro del debate público, la misma constructora se ve vinculada en otro polémico caso en el Departamento de Potosí.

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