Las fracciones del MAS que apoyan al gobernador, Jhonny Mamani, hacen esfuerzos desesperados por minimizar su responsabilidad en el caso de las 41 ambulancias. El argumento que se está repitiendo, desde que se conoció el informe de la comisión especial de fiscalización de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), es que, pese a que el proceso de compra de las ambulancias se completó, pues hasta se emitió los cheques para el pago, "no existe daño económico" en este caso debido a que los cheques fueron anulados.
"No hay daño económico", dijo el presidente de la ALD, Marcial Ayali, en la sesión en la que se aprobó el informe e incluso intentó, sin éxito, que esa afirmación sea introducida en el documento. Por la tarde, la afirmación apareció en la cuenta oficial de Facebook de la asamblea con este texto:
"El presidente de la Comisión Especial de fiscalización #GroverYelma, con documentos en mano, explica que no existió daño económico alguno; sin embargo aclara también que se debe investigar el grado de responsabilidad de quienes se ven involucrados en este hecho".
Ese texto está en línea con el mensaje que la ALD quiera transmitir ahora. Como el escándalo sigue creciendo, tratan de explicar que la asamblea no ha liberado de culpa al gobernador puesto que el informe dice que se debe investigar. Sin embargo, el informe sí encuentra responsabilidades y hasta recomienda desvincular a funcionarios subalternos.
El concepto de que "no hay daño económico" también es manejado por militantes y afines al MAS desde este viernes. Ese es el caso de un abogado que trabajó en la Alcaldía de Potosí en la gestión de Williams Cervantes y publicó en su cuenta de Facebook este mensaje: "Confirmado... NO HUBO DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO. eso es todo. Los falsarios de los documentos deben ser procesados penalmente".
Sin embargo, la afirmación de que no hubo daño económico no ha sido probada. Lo que se mostró, hasta ahora, es que los cheques fueron anulados, pero no se sabe con certeza si es que los montos fueron cobrados porque los cheques tienen fecha del 31 de diciembre de 2021 y el gobernador anunció la anulación de los contratos con la adjudicataria del contrato de las ambulancias, Stefals Logistics, recién el 23 de enero. No se sabe si el representante de esa empresa, Luis Humberto Huanca Torrez, los cobró o no en ese periodo.
Por otra parte, el informe, y la deducción de que no hubo daño económico, se refieren solo al caso de las 41 ambulancias. Están pendientes los otros tres contratos que fueron firmados con Stefals Logistics y uno más, de la presunta compra con sobreprecio de una ambulancia tipo III para el centro covid Sevilla.
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