En noviembre de 2019, los cooperativistas de base querían viajar a La Paz, a forzar la renuncia de Evo Morales, y un hombre se oponía: el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), Carlos Porco. Por ello, las bases rebasaron a sus dirigentes y obligaron a que se convoque a una marcha de protesta que remató en el denominado Puente de la Dignidad. Allí, los cooperativistas pidieron masivamente la renuncia de Porco y se formó un comité de movilizaciones que estuvo encabezado por Carlos Huallpa.
Es el propio Huallpa quien recuerda estos hechos y la forma en la que Fedecomin decidió que, tras la renuncia de Evo Morales y la posesión de Jeanine Añez, un potosino sea el ministro de minería y su nombre fue propuesto tras elegirlo de una terna.
Huallpa fue ministro de minería de noviembre de 2019 a mayo de 2020. Dice que renunció por Porco lo pidió en una carta dirigida a la presidenta.
¿Por qué Porco actuó de esa manera? Huallpa tiene varias respuestas. Para empezar, dice que el todavía presidente de Fedecomin es masista, y ese es uno de los hechos que determinó la rebeldía de los cooperativistas en noviembre. Pero la razón principal es económica. Por la información que acopió cuando era ministro, Huallpa dice que Porco forma parte de un reducido grupo de dirigentes de cooperativas que se favorecen con los contratos mineros y con la explotación ilegal de cargas de la zona prohibida del Cerro Rico de Potosí.
Cuando él pidió que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ponga orden, y cumpla su obligación legal de evitar trabajos ilegales en el Cerro Rico, Porco desató una campaña en su contra, apoyado por otros dirigentes involucrados en el negocio de explotación de cargas, y logró su cambio.
Las revelaciones del exministro se producen luego de que el actual ministro, Jorge Oropeza, dispusiera el cambio del gerente regional de la Comibol, Richard Arancibia, y un grupo de cooperativistas liderado por Porco acudió con violencia a las oficinas de la autarquía en Potosí y dispusiera públicamente la restitución de Arancibia.
Arancibia es acusado de extender autorizaciones para la explotación ilegal de cargas del Cerro Rico y, según se dijo en el acto público, ocurrido el lunes, su "restitución" operó con el aval del presidente de la Comibol, Joaquín Andrade.
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