“A mí me da pena”, dice Milton Lérida y, enseguida, se justifica. Fue presidente del Comité Cívico de la Provincia Daniel Campos y, en esa condición, denunció sostenidamente el aprovechamiento abusivo de las aguas del Silala por parte de Chile. Y le da pena porque, en su criterio, el tema no avanzó con al anterior gobierno ni lo hace ahora.
En un documento entregado ayer a la prensa, recuerda que la demanda presentada por Chile a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "continúa siendo analizada por jueces de (la Corte Internacional de Justicia con sede en) La Haya (y) hasta el momento, por ejemplo, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) no ha recibido la documentación que ha manejado el anterior gobierno para encarar la demanda interpuesta por Chile".
Aguirre conoce la zona y es asesor de Comcipo, tanto en el tema Silala como en el del litio. Al abordar el primero, fue quien insistió en que el Estado boliviano cometió un error al responder la demanda de Chile por el uso de las aguas del Silala.
El diferendo por esos recursos hídricos consiste básicamente en que estos nacen en territorio boliviano pero son usados y explotados por Chile desde principios del siglo XX sin compensación alguna. Sin embargo, no fue Bolivia la que demandó por el uso de esas aguas sino Chile. Según Lérida, Bolivia debió rechazar la demanda pero, en lugar de ello, la respondió. Eso fue reconocer que el vecino país tuvo razón al plantear la demanda.
