En conferencia de prensa convocada sorpresivamente para ayer por la tarde, el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, dio a conocer el contenido de una norma mediante la cual se abroga el Decreto Supremo 3738 que permitía la asociación del Estado boliviano con una empresa alemana para la explotación de la salmuera residual del Salar de Uyuni. Ese decreto había sido cuestionado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y fue de las razones por las que se declaró la huelga general indefinida que comenzó el 7 de octubre.

La norma abrogatoria es otro Decreto Supremo, el número 4070, que tiene ocho considerandos y un artículo único y fue leída por el director jurídico de la Gobernación, Daniel Apaza. “Se dispone la abrogación del Decreto Supremo N° 3738, de 7 de diciembre de 2018”, dice el artículo único.

Tras la lectura íntegra del documento, el gobernador, Juan Carlos Cejas, lamentó la decisión asumida por el Gobierno central porque, a su juicio, el decreto 3738 iba a permitir la industrialización del litio, pero pidió que su contenido sea ampliamente difundido, especialmente entre las personas que protagonizan los bloqueos. Como pocas veces, no admitió preguntas.

Tras conocer la anulación del decreto, el presidente de Comcipo, Marco Antonio Pumari, afirmó que hoy, en reunión de consejo consultivo convocada para las 15:00, se lo pondrá a consideración de las organizaciones e instituciones.

El dirigente calificó como "un logro del pueblo potosino” que el Gobierno haya abrogado el decreto pero gracias a la “unidad, dignidad y rebeldía” de todos los habitantes de la ciudad de Potosí.