A través de la oficina de género generacional, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí solicita al Ministerio Público un informe de los casos de feminicidios que se reportó en el Departamento.

Así lo confirmó ayer la responsable de esa oficina, Silvia Lizárraga, luego de conocerse la conformación de una comisión especial al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para investigar las causas y por qué no se sanciona con rapidez los feminicidios en el país.

Dijo que, por instrucción del gobernador Juan Carlos Cejas, se requiere esa información para hacer seguimiento de cuántos casos de feminicidio y violencia intrafamiliar hubo.

"Por instrucción del gobernador, a través de la unidad jurídica, se solicitará al Ministerio Público el estado de los casos de violencia intrafamiliar y feminicidio", aseveró.

Lizárraga afirmó que el informe que se solicita es de los cinco años; es decir, desde que Juan Carlos Cejas asumió como gobernador del Departamento de Potosí.

"Hemos identificado que existen cuellos de botella en el Ministerio Público y existe la retardación de justicia lo que, sin duda alguna, perjudica a las víctimas", complementó.

Sin embargo, la funcionaria no precisó cuándo se requerirá ese informe y en qué tiempo se tendrá los datos que analizarán si hubo o no retardación de justicia.

Afirmó que hay preocupación en las autoridades por el incremento de los hechos contra las mujeres porque los casos son más visibles desde que se implementó la Ley 348.