El Centro de Capacitación "Igla" afirmó que su actividad se enmarca dentro de la norma tras la clausura del jueves 18 de julio de sus instalaciones por parte de la Subdirección de Educación Superior.
El gerente general de la institución, Diego Sotomayor, dijo que, como institución, se sienten afectados. “Nosotros, como institución hemos cumplido con todas las normativas, tenemos una carta (…) el 29 de noviembre de 2018, la licenciada Juana Calizaya vino a preguntarnos si nosotros éramos un instituto, y nosotros le hemos aclarado, con la firma, sello y hora, donde ella lo firma, que le hemos entregado, que nosotros somos un centro de capacitación técnica privada, donde no estamos haciendo la competencia de técnico superior”, dijo.
Añadió que elaboraron un proyecto y entregaron a las autoridades de la Subdirección de Educación Alternativa. Sotomayor dijo que su institución cuenta con equipamiento propio para la enseñanza de gastronomía. “Nuestro departamento jurídico y legal ha empezado a hacer una demanda penal mediante los artículos 282, 283, 287, 297 y 303 del Código Penal sobre el tema de difamación, calumnia, injuria, atentados contra la libertad de enseñanza, atentados contra la libertad del trabajo y daño económico”, afimó. Dijo que presentaron el proyecto a la Subdirección de Educación Alternativa y esperan una respuesta. Añadió que tienen la documentación de registro de la matrícula de comercio como “Centro de Capacitación Privada”.
