La supuesta red criminal, que manejaba el abogado torturador Jhasmani Torrico, llegó a la ciudad de Potosí, antes de ser desbaratada, para amedrentar al equipo jurídico de la Gobernación por el caso Pati Pati para que desista de la acción penal contra un empresario.

De acuerdo con los antecedentes que obtuvo el Potosí, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí,  inició dos acciones penales contra una empresa que incumplió el contrato de ejecución del proyecto "sistema de riego Pati Pati". La intención de la Gobernación fue recuperar más de medio millón de bolivianos.

El empresario Limbert S. L., que supuestamente falsificó boletas de garantías, fue el que habría contratado la red criminal con el objetivo de liberarse de las dos demandas penales en su contra.

Según los antecedentes, Jhasmani para cada audiencia en el Órganos Judicial de Potosí, llegaba con un equipo de "matones" de cuatro a cinco "tipos con apariencia extranjera y una mujer".

Inclusive se conoce que uno de los abogados de la Gobernación fue amenazado de muerte por esa supuesta red de extorsionadores.

"Este abogado (Jhasmani) falsificó la firma del empresario en varios memoriales y, en cada audiencia que él llegaba, en mi domicilio desde muy temprano, había dos hombres los cuales estando yo a la espera de la audiencia, aparecían. En la terraza del tribunal de justicia de la calle Hoyos, Boulevard, se acercaban a mí y al abogado Ronald S., de mi equipo jurídico, con claras muestras de amedrentamiento", denunció uno de los juristas potosino que se sintió afectado por esa supuesta red criminal que operaba en Bolivia.