EL CIADI
ORDENÓ A BOLIVIA pagar 48.6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax por la anulación de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.
El concejal oficialista René Navarro recordó que cuando él era presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Potosí se movilizó "contra la explotación ilegal" de la empresa Non Metalic-Quiborax en busca de una reversión legal de las concesiones mineras.
"Los cívicos demandamos que mediante las normas jurídicas legales, las concesiones en el Salar de Uyuni que manejaba David Moscoso, como palo blanco de Quiborax, nuevamente regresen a poder del Estado", destacó quien ahora es concejal munícipe por el Movimiento Al Socialismo.
Navarro dijo que en 2004 se reunió con la prefecta Gisela Derpic y su secretario de Medio Ambiente, Limberth Paredes, para analizar el problema y evidenciaron que la empresa carería de la licencia ambiental para la explotación en el salar. Por eso se paralizó el trabajo de explotación de ulexita.
"Lamentablemente, en la misma gestión de Carlos Mesa le otorgan la ficha ambiental a la empresa chilena y al hacerlo se da lugar a la movilización del pueblo potosino solicitando la anulación de ese documento con la finalidad de frenar el saqueo del salar porque aunque un operador cuente con las concesiones, si no tiene la licencia ambiental su labor es ilegal", apuntó.
"Comprendemos que, como pueblo potosino, no somos culpables. Quien debe hacer cumplir la norma es el Ejecutivo y el Ejecutivo era Carlos Mesa. Aunque en el tema del salar existen varios implicados como el exsenador Gonzalo Valda, el exdiputado Angelo Porcel, el exviceministro Adán Zamora y otros que viabilizaron la reducción del área de reserva de ese yacimiento de recursos no metálicos", remarcó.
