Los tres sospechosos de presuntamente extorsionar al propietario de la discoteca “Killa Dancing” fueron detenidos preventivamente anoche en la cárcel de Cantumarca.

La orden de privación de libertad fue emitida por el juez cautelar primero en lo penal, Vladimir Jiménez, quien valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la parte civil pero, además, los descargos que presentaron los abogados de los imputados.

La autoridad jurisdiccional valoró el peligro de fuga y el posible proceso de obstaculización a la investigación para llegar a la verdad de los hechos.

En resumen, las tres personas –conforme al principio de objetividad de la relación fáctica– son con probabilidad autores o partícipes de los delitos por los cuales son acusados.

Luis G.G.M. y Rosario B. P. fueron imputados por el Ministerio Público por el delito de extorsión, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y falsificación de sellos papeles y timbres.

Mientras que Limberth C. M., funcionario de la Intendencia Municipal, fue imputado por concusión, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y falsificación de sellos y timbres.

La decisión jurídica que asumió el juez no fue como planteaba el Ministerio  Público. La fiscalía solicitó detención preventiva para Luis y Rosario y sustitutivas para el funcionario de la Intendencia Municipal. Sin embargo, esa solicitud fue rebatida por la parte civil (Alcaldía) para que las tres personas sean privadas de libertad.

Antes de la resolución del juez, el abogado de Rosario, Marco Borda, planteó un incidente de falta de certeza en la imputación porque, según él, no se adecuaba la figura jurídica por la cual su defendida está acusada.

“Aquí en la imputación no se sabe qué grado de participación tiene mi defendida”, cuestionó en la audiencia. Seguidamente, dijo no entender por qué el Ministerio Público solicitaba medidas sustitutivas a la detención preventiva contra Limberth porque presuntamente para él sería la “mente criminal” que habría operado desde el interior del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí al ser funcionario.

Asimismo, el abogado de Limberth, Fidel Muruchi, también planteó otro incidente pero, esta vez, de ilegalidad de la aprehensión contra su defendido. Asimismo, se sumó al incidente de falta de certeza en la imputación del Ministerio Público.

Los representantes del Ministerio Público rebatieron esos argumentos de los dos abogados aplicando las figuras jurídicas que prevé la norma. Al final, después de una valoración sucinta, el juez Vladimir Jiménez, rechazó los incidentes y continuó la audiencia cautelar.