El gobernador del Departamento de Potosí, Juan carlos Cejas, anunció que se ejecutarán operativos sorpresa con la finalidad de evitar la trata y tráfico de personas en la frontera con Argentina.
El anuncio oficial fue expresado ayer debido a un reportaje que publicó el Potosí en el que señala que un niño, niña o adolescente son comprados en 2.300 Bolivianos en la frontera con Argentina.
La autoridad dijo estar preocupado porque algunas personas no entienden que no deben lucrar con el tráfico de personas lo que aparentemente se estaría dando en La Quiaca, Argentina.
“Hay mucha preocupación, hay gente que no entiende que no se debe lucrar, no se debe hacer dinero traficando con las personas, lamentablemente, que aparentemente se estuviese dándose en el municipio potosino”, dijo
Cejas afirmó que las personas que sean encontradas cometiendo este ilícito serán castigadas con rigurosidad aplicando la ley en actual vigencia para sentar precedente.
La trata y tráfico de personas es un delito que está castigado penalmente con una sanción entre 15 a 20 años de cárcel. “Reuniones y más reuniones no dan resultado ya hemos visto que esto hay que encararlo de manera frontal y de manera seria”, afirmó en una conferencia de prensa.
Asimismo, dijo que solicitó una propuesta al jefe de seguridad ciudadana de la Gobernación para que se aplique de manera permanente con la participación de las autoridades y la población en general.
“En los siguientes días vamos a participar cómo vamos a afrontar esta problemática”, anunció el gobernador y anunció que solicitará un informe sobre lo que estaría ocurriendo en la frontera con la Argentina.
“No podemos estar cruzados de manos”, dijo y declaró una lucha frontal contra la trata y tráfico de personas.
El gobernador del Potosí solicitó al Ministerio Público que los casos de trata y tráfico deben sancionarse de manera rápida contra las personas que cometen este ilícito.
"Voy a pedir una reunión trabajo con el Ministerio Público y el órgano judicial", dijo al comentar que más del 50 por ciento de las personas privadas de libertad en el penal de Cantumarca son detenidos preventivamente y no tienen sentencia ejecutoriada o en primera instancia.
"Queremos de una vez que haya sentencia o sobreseimiento o rechazo, algo tiene que haber, entonces estoy pidiendo el informe al régimen penitenciario para conocer cuál es la verdadera situación del penal de Cantumarca.
Cejas dijo que por cada persona recluida, la Gobernación cancela un prediario de ocho Bolivianos que van directamente a la alimentación de los internos del penal.