Anoche, dos exfuncionarios de la secretaria de Minería de la Gobernación fueron detenidos preventivamente en la cárcel de Cantumarca por presuntos hechos de corrupción.
El juez cautelar segundo en lo penal, Marco Miranda, ordenó la reclusión del exsecretario de minería Juan Carlos Caricari Quecaña, y el extécnico de esa oficina, Ariel Orlando Leniz Yulusqui.
El juez después de valorar la documentación ofrecida por el Ministerio Público y la parte civil, halló indicios de responsabilidad que hacen presumir que los dos exfuncionarios de la Gobernación son con probabilidad responsables de los presuntos delitos que se les acusa.
La Fiscalía de Potosí imputó a las dos personas por la comisión de los delitos de cohecho pasivo y activo, legitimación de ganancias ilícitas y otros que están inmersos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El Ministerio Público hizo conocer la relación fáctica de los hechos que presuntamente habrían ocurrido en la oficina de minería, lo cual no pudo ser desvirtuado por la parte querellada.
La Fiscalía ofreció suficiente documentación al juez con la que hace presumir la participación de los acusados en hechos que están fuera de las normas legales.
Los presuntos ilícitos los habrían cometido cuando eran funcionarios de la secretaria de Minería.
No obstante, los abogados de los imputados defendieron la inocencia de sus clientes, pero no fue suficiente el debate jurídico que propusieron para desvirtuar la acusación del Ministerio Público y la Gobernación, que constituyó en parte civil.
Supuestamente, los formularios 101 habrían sido manejados discrecionalmente al ser “revalidados” de manera ilegal por montos económicos que no están dentro del marco legal. El formulario 101 se utiliza para la salida de vehículos que exportan minerales.
Se ofreció algunos testimonios de que hubiesen existido cobros de 1.000 Bolivianos por la “revalidación” de los formularios para que salgan cargas de mineral.
Sin embargo, aún no se calculó el supuesto daño económico que habrían causado al Estado, pero en el avance de la pesquisa se dará a conocer el monto económico.
Las supuestas irregularidades fueron detectadas por la actual administración del Gobierno Departamental de Potosí.
Incluso, su titular, Juan Carlos Cejas, ordenó la intervención de la oficina de la secretaria de minería. Y, a partir de ese indicio, se denunció al Ministerio Público a principio de junio de este año. Y, desde ese momento, se inició la pesquisa.