Hace 20 años se cerraba, de manera jurídica y efectiva, el primer juicio de imprenta instaurado en Bolivia. Fue el primero, pero no el último, y ratificó la vigencia de la Ley de Imprenta, que es la norma que rige la actividad periodística y fue constitucionalizada cuando se promulgó a la actual Carta Magna.
Se trató del caso Guiteras-Iturri, iniciado por el ex ministro de la Presidencia Walter Guiteras Denis contra el entonces director del diario paceño Extra, Jaime Iturri Salmón. Sucedió en 2002, pero los sucesos que le dieron pie habrían ocurrido en enero de 2001. En aquellas fechas, los dos periódicos paceños, La Razón y La Prensa, publicaron que la esposa de Guiteras, Lourdes Arias, presentó una denuncia de agresión familiar en contra de su esposo. El medio que dio detalles, que generalmente no son publicados por respeto a la presunción de inocencia, fue el diario Extra, subsidiario La Razón, y de línea sensacionalista.
La noticia tuvo efectos políticos y, pese a su resistencia inicial, Guiteras terminó renunciando al cargo. Fue entonces que decidió enjuiciar a Raúl Garafulic, presidente del directorio de la empresa que editaba La Razón y Extra. No obstante, se rechazó la denuncia contra Garafulic, debido a que no era periodista, y sí se la admitió contra Iturri, por ser el director de Extra. Como en aquellos tiempos la justicia no estaba tan sometida al Poder Ejecutivo, como ahora, el proceso se sustanció en el marco de la Ley de Imprenta. Fue así que el juez de partido en lo penal, Humberto Pinto, solo conoció el caso para convocar al Jurado de Imprenta que, tras reunirse y elegir directiva, comenzó a sustanciarlo en marzo de 2002.
Pero Iturri tenía una carta bajo la manga: las publicaciones, y el presunto delito de imprenta, eran de enero de 2001 y la primera denuncia de Guiteras fue presentada ocho meses después. El artículo 20 de la Ley de Imprenta establece que "la acción penal se prescribe en cuatro meses, corridos desde el día de la publicación del impreso...", así que planteó una excepción de prescripción.
El 26 de septiembre de 2002, los miembros del Tribunal de Imprenta, presidido por Enrique Díaz Romero y compuesto por los jurados Pablo Ramos, Sandra Aliaga, Alberto Quevedo, Ermelinda Porcel, Florencia Ballivian de Romero, Mario Alfonso Ibañez, Antonio Miranda, Deysi Orosco, Raúl Prada Alcoreza, Lucia Sauma y Jaime Villa, se pronunciaron sobre el recurso y dieron curso a la prescripción. De esa manera, el caso se cerró, aunque la abogada de Guiteras, Walkiria Lira, anunció que lo llevaría ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente no lo hizo.
Fue el primer juicio de imprenta sustanciado enteramente bajo la ley de la materia, que se motorizó de esa manera, y le dio vigencia plena, anulándose las acusaciones de obsolescencia en contra de la norma, que fue promulgada el 19 de enero de 1925. Luego hubo otros casos, como el iniciado contra el entonces periodista del diario cochabambino Los Tiempos Marco Carrillo, y otros que no tuvieron tanta difusión. Actualmente no se conoce de procesos que sean sustanciados bajo esa norma pero eso se debe, fundamentalmente, a que no existen abogados que dominen la Ley de Imprenta.
Guiteras, que fue uno de los más mediáticos ministros del último gobierno de Hugo Banzer, murió en agosto de 2020 mientras que Iturri es el director de ATB cuya línea editorial es de notorio respaldo al MAS.
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