El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas ocuparon Antofagasta. Aunque el gran pretexto para esa acción fue un impuesto de 10 centavos a cada 100 kilos de nitrato exportado por la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta (CSFA), que nunca llegó a pagarse, la verdad es que la ocupación del territorio boliviano era un objetivo que Chile tenía desde antes, prácticamente desde los tiempos del surgimiento de las nuevas naciones sudamericanas.
Cartas como las de Diego Portales y Mariano Egaña Fabres, escritas en los primeros años de los nuevos países, revelan que Chile siempre tuvo puesta la mira en la costa boliviana pues esta poseía recursos naturales inexistentes al otro lado de la frontera. Con el paso de los años, esa tesis se vio plenamente confirmada, especialmente cuando el desarrollo de Chile se forjó gracias a la explotación del cobre que se encuentra precisamente en el territorio usurpado a Bolivia.
Además de esas cartas, documentación referida a la Guerra del Pacífico revela que esta fue el resultado de una conspiración motivada por intereses privados, los de Agustín Edwards, en Chile, y de Aniceto Arce, en Bolivia. Además, el conflicto estuvo sazonado por la intervención de Inglaterra, que entrenó y armó a los chilenos ya que la CSFA tenía capitales británicos.
La invasión chilena fue planificada con anticipación y el impuesto se convirtió en un burdo pretexto para ejecutarla. Chile ocupó militarmente el territorio boliviano, sin declaración de guerra previa, y, mientras lo hizo cometió una serie de tropelías, incluyendo el incendio de todo un pueblo que, por eso mismo, se llama San Pedro de Quemes.
Pueblos incendiados y saqueados, cientos de muertos, desplazados y mujeres violadas. Ese es apenas un punteo de lo cruel que fue la invasión iniciada en una fecha como hoy.
Y, una vez que Chile logró ganar el conflicto —gracias al apoyo externo, de Inglaterra, y al interno, de los políticos bolivianos prochilenos— le impuso a Bolivia vergonzosas condiciones para el armisticio. Ese fue el origen de los tratados, incluido el de 1904, que ahora Chile defiende a rajatabla. Esa acción criminal solo puede compararse al allanamiento de una vivienda por parte de delincuentes que ingresan por la fuerza, golpean al dueño de casa, violan a las mujeres y se llevan sus bienes pero, antes de hacerlo, encañonan al dueño con una pistola obligándole a firmar un documento en el que él afirma que cede sus posesiones a sus atacantes.
Esa verdad, demostrada con la contundencia de los hechos registrados por la historia, convierte al fallo que la Corte Internacional de Justicia emitió el 1 de octubre de 2018 en una de las vergüenzas más grandes del Derecho Internacional y a los magistrados que la aprobaron en cómplices de un latrocinio.
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