En el debate contemporáneo sobre la eficiencia del Estado y la optimización del gasto público, resulta tentador para la tecnocracia centralista reducir áreas complejas del desarrollo humano a simples renglones presupuestarios prescindibles. El reciente anuncio sobre la supresión del Ministerio de Culturas y su degradación a una instancia de menor jerarquía no solo refleja una mirada cortoplacista, sino también una profunda desconexión con la realidad macroeconómica, social y patrimonial de Bolivia y, de manera muy particular, de Potosí.
Categorizar a la cultura como un "gasto no esencial" parte de una premisa falsa: la idea de que las industrias culturales son mero entretenimiento o folclore festivo. Muy al contrario, los datos de la economía real demuestran que el sector cultural y turístico constituye una de las maquinarias de dinamización microeconómica y redistribución del ingreso más eficientes y democráticas con las que cuenta el país.
Analicemos las cifras de la economía naranja en nuestro territorio:
En Potosí, la Festividad Patronal de Ch’utillos", declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, moviliza durante sus jornadas centrales un flujo económico que supera los 100 millones de bolivianos. Este capital no se concentra en monopolios, sino que irriga de manera directa hacia la economía popular: orfebres, bordadores, artesanos, músicos, pequeños comerciantes, el sector hotelero, la gastronomía tradicional y el transporte urbano e interprovincial.
Si ampliamos el espectro nacional, el Carnaval de Oruro inyecta anualmente más de 300 millones de bolivianos a la economía local, activando más de 30 rubros productivos; mientras que la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder en La Paz genera un movimiento superior a los 120 millones de dólares. A nivel macro, el ecosistema turístico y cultural aporta entre el 2,5% y el 3% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, movilizando más de 1.000 millones de dólares y garantizando el sustento directo e indirecto de más de 350.000 familias.
Por cada empleo directo en la cadena del turismo y las artes, se activan de tres a cuatro empleos indirectos en servicios y producción agrícola local. En un escenario donde el modelo extractivista tradicional enfrenta límites estructurales y escasez de divisas, la cultura y el turismo emergen como recursos inagotables: no se extractan, no se agotan, sino que se fortalecen con su salvaguarda y difusión.
Desde la perspectiva jurídica e institucional, rebajar la jerarquía del órgano rector de la cultura a una agencia operativa o comercial conlleva riesgos severos. Una entidad descentralizada carece de asiento en el Gabinete Ministerial, lo que anula su capacidad de negociación presupuestaria de alto nivel y le resta potestad para proponer leyes o emitir Resoluciones Ministeriales vinculantes que protejan nuestro patrimonio frente al plagio o la apropiación indebida transfronteriza.
Asimismo, se vulneran los compromisos internacionales asumidos ante la UNESCO. La gestión cultural no puede reducirse a la promoción comercial del turismo; requiere un aparato técnico e investigativo sólido para ejecutar los Planes de Salvaguardia y Manejo de nuestros sitios patrimoniales (como el Centro Histórico de Potosí, el Cerro Rico o la propia Festividad de Ch’utillos). Subordinar la conservación al retorno comercial de corto plazo es condenar al deterioro nuestra memoria histórica.
Ciertamente, el Estado requiere modernización y responsabilidad fiscal. Sin embargo, la solución técnica ante las ineficiencias no es la mutilación institucional, sino la reforma estructural: implementar Cuentas Satélite de Cultura en el Instituto Nacional de Estadística (INE) para medir con precisión científica el aporte del sector al PIB, digitalizar fondos de fomento e incentivos fiscales para el mecenazgo privado, y descentralizar recursos hacia las Entidades Territoriales Autónomas para financiar la salvaguardia directamente en los municipios.
Potosí, primera Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad en Bolivia, no puede permanecer indiferente. La defensa de la institucionalidad cultural no es una demanda sectorial de los artistas; es un imperativo de soberanía, cohesión social y viabilidad económica para el país.
