Bolivia atraviesa hoy un laberinto de espejos donde la realidad económica choca frontalmente con una cultura política que parece no haber aprendido las lecciones de su propio pasado. Como sociedad, nos enfrentamos a una encrucijada histórica: o consolidamos la madurez democrática de respetar los mandatos electos, o sucumbimos una vez más al ciclo de crisis social que devora la estabilidad económica.
Resulta llamativo el ejercicio de "miopía historiográfica" que aplican ciertos sectores al analizar las últimas dos décadas. Debemos fraccionar el tiempo en compartimentos estancos para no evadir responsabilidades: los 14 años de Evo Morales, el año de Jeanine Áñez y el periodo de Luis Arce. Debemos hablar de un ciclo largo que hoy muestra signos de agotamiento estructural. La falta de sinceridad sobre este continuo caos, impide que el país comprenda que las crisis actuales no nacieron ayer, sino que son el resultado de años de desatención a la matriz productiva y una corrupción que ha mutado, pero no desaparecido.
La historia reciente nos ha dado lecciones amargas sobre la ambición de poder. El desconocimiento al voto popular del 21F (2016) y la forzada reelección de Evo Morales (2019).El gobierno de Jeanine Áñez, aunque surgió de una crisis de sucesión, perdió toda legitimidad no solo por la corrupción desbordante en plena pandemia, un acto que indignó a una nación que contaba muertos, sino principalmente por su intento de prórroga. Su mandato era simple y único: llamar a elecciones inmediatas; al traicionar ese mandato para intentar perpetuarse, abrió las puertas a la inestabilidad que hoy seguimos pagando (2019-2020).
Esa misma patología de "mantenerse en el poder a toda costa" alcanzó su punto más crítico con Luis Arce. El suyo será recordado no solo como el gobierno más corrupto de los últimos tiempos, sino como una gestión que priorizó la supervivencia política sobre el desarrollo nacional. El episodio del autogolpe (2024) y la tragedia de Llallagua son muestras de una degradación moral sin precedentes: utilizar la vida de policías y militares como moneda de cambio y pretexto para cazar dirigentes leales al "evismo" es la firma de un gobierno sangriento que olvidó al pueblo (2025). Cuando el poder se ejerce olvidando que la sangre ciudadana no es una herramienta de marketing, la democracia agoniza.
Hoy, la historia parece repetirse con una rapidez alarmante. Ver que sectores piden la renuncia de Rodrigo Paz a escasos meses de haber iniciado su gestión es repetir el error de la UDP (1982-1985), donde el asfixio político al Ejecutivo terminó en una hiperinflación que castigó al bolsillo del más pobre. La democracia no es una puerta giratoria que se activa cada vez que una medida resulta antipopular.
Es innegable que el actual gobierno de Paz carece de firmeza. El país sufre el impacto de una "gasolina basura" y medidas de shock que, aunque técnicamente obligatorias para evitar el colapso tras el periodo de Arce, son lanzadas sin un plan de comunicación efectivo, además resulta inexplicable que el Ejecutivo no haga alusión al contexto geopolítico global. Las guerras en Ucrania e Irán han disparado los precios de los combustibles en toda la región; países vecinos han ajustado sus precios por necesidad real. El silencio del gobierno sobre esta influencia externa le impide compartir la carga política de una crisis que es, en gran medida, importada.
La madurez democrática consiste en asumir las derrotas y respetar la institucionalidad, sea un gobierno de derecha o de izquierda. Si el descontento es legítimo y hay razones de sobra para estarlo, el camino no es la renuncia forzada ni el bloqueo que solo profundiza la miseria.
Nuestra Constitución ofrece una herramienta civilizada: el Referéndum Revocatorio a media gestión. Esa es la vía legal para evaluar un mandato, no el caos en las calles o el bloqueo de caminos, que por ahora, no refleja el sentimiento de otros departamentos que miran con fatiga el conflicto centralista.
Forzar la salida de un presidente sin haber agotado los mecanismos constitucionales solo nos traerá más crisis social y económica. Es hora de que la sociedad boliviana exija transparencia, pero también que aprenda a caminar dentro de los márgenes de la ley. La sangre ya ha corrido demasiado en nuestra historia; es momento de que, por fin, sea la razón y la madurez democrática las que guíen nuestro destino.
