Bolivia tiene una habilidad poco común: convertir los caminos en instrumentos de deliberación política. 50 días de bloqueos después, el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron un acuerdo en que el Estado aceptó preservar el modelo rentista y suspender reformas a cambio del levantamiento de las movilizaciones. La COB no tomó el poder, pero logró algo más sofisticado: trasladar el bloqueo físico al terreno de las políticas públicas. Ganó en el papel lo que no pudo consolidar en las calles.
Pocas horas después, el gobierno decretó estado de excepción para despejar los mismos caminos sobre los que acababa de negociar. Hacer el trato y luego llamar al Ejército: una síntesis perfecta de la política boliviana contemporánea. Recuperar el territorio físico es posible. Lo que permanece abierto, y es la disputa que realmente importa, es la reconquista de la conducción político-ideológica del país. Porque la política es, ante todo, una batalla por el sentido común.
Entre 2005 y 2006, el agotamiento del modelo neoliberal y la implosión de los partidos tradicionales abrieron un vacío narrativo de proporciones tectónicas. En ese escenario emergieron ideas en hibernación ideológica: el nacionalismo de los recursos naturales, el antiimperialismo de manual, la reivindicación indígena. Narrativas con heridas históricas reales, pero que viajaban con simplificaciones y mitologías que convirtieron la complejidad nacional en un relato épico para consumo masivo.
Así nació el "proceso de cambio": presentado como revolución democrática y cultural. Terminó pareciéndose más a una restauración creativa del viejo rentismo. Cambiaron los discursos y los colores; el mecanismo siguió siendo el mismo: capturar rentas, distribuir privilegios, construir coaliciones alrededor del excedente. La COB y otros movimientos sociales terminaron absorbidos por una lógica transaccional: la representación sustituida por la intermediación, la deliberación por la obediencia, la autonomía por la dependencia. Lo que alguna vez fueron organizaciones de lucha devinieron eficientes oficinas de gestión de favores. El viejo sindicalismo reconvertido en agencia de recursos humanos del poder.
La fuente que financiaba el experimento populista comenzó a agotarse. La gallina del gas natural fue sacrificada con arrogancia, incompetencia y negación de la realidad. El resultado: tres crímenes, entre otros.
De lesa economía: destruir la principal fuente de excedentes mientras se celebraba el crecimiento de un modelo que consumía más riqueza de la que producía. De lesa política: convertir el Estado en una piñata distributiva donde la ciudadanía fue reemplazada por corporaciones. Y de lesa educación: desperdiciar dos décadas de bonanza sin construir capital humano, formar ciudadanos críticos nunca ha sido actividad compatible con los monopolios ideológicos.
Cuando la crisis llegó, las disputas internas del masismo revelaron algo menos romántico que una revolución: una canallocracia rentista disputándose los restos de un banquete terminado.
El electorado reaccionó, pero el vacío dejado por el derrumbe de la narrativa oficialista no fue ocupado por ninguna alternativa sólida, sino por un gobierno débil y sin horizonte estratégico. Y en ese vacío alguien apareció a llenarlo.
Reaparecen hoy los antiguos productores de narrativa. Intelectuales que durante años ocuparon embajadas, vicepresidencias, directorios y consultorías gubernamentales; beneficiarios materiales e ideológicos del régimen anterior que, tras décadas alimentándose de las ubres presupuestarias, regresan como observadores neutrales de una experiencia fracasada en la que tuvieron participación activa y bien remunerada.
Hoy explican la crisis con la serenidad de quien acaba de llegar al país, no de quien pasó 20 años en la cabina de mando. Su problema no es haber defendido ideas. Esto es completamente legítimo. Su problema es haber confundido ideas con propaganda y análisis con publicidad política.
Transformaron causas legítimas en mercancías ideológicas creyendo que envolverlas en celofán épico equivalía a resolverlas. Quizás confían en que la memoria colectiva tiene fecha de vencimiento corta. O, como dice la sabiduría popular con precisión que ningún tratado de ciencia política ha superado: hazte al sonsito y serás feliz.
Sus narrativas de regreso siguen cuatro líneas reconocibles. La primera convierte todo conflicto en una historia de víctimas y victimarios: la crisis se explica por actores externos y los desequilibrios fiscales parecen haberse incubado solos. Una teoría económica donde la gravedad existe, pero solo afecta a los otros; donde los errores propios son siempre respuestas inevitables a circunstancias externas.
La segunda romantiza el corporativismo como democracia popular superior. Lo que se describió como ciudadanía ampliada funcionó con frecuencia como una eficiente bolsa de valores del privilegio, donde la capacidad de presión, no el mérito ciudadano, determinaba el acceso a ventajas particulares.
La tercera ejecuta una operación semántica elegante: los beneficios que llegan a grupos afines son derechos conquistados; los que llegan a otros son prebendas oligárquicas. Confundir redistribución con clientelismo impide distinguir entre políticas que amplían derechos y mecanismos que fortalecen redes de dependencia.
La cuarta afirma que no es posible gobernar Bolivia ignorando a los pueblos indígenas y a los sectores populares. Sin embargo, el argumento suele detenerse ahí, como si el reconocimiento identitario resolviera los desafíos del desarrollo estatal. La inclusión es condición necesaria; convertirla en estrategia sostenible de crecimiento institucional es otra historia. Precisamente esa historia es la que suele faltar.
Estas cuatro narrativas comparten un rasgo estructural: convierten la épica en sustituto del análisis. Reconocen con admirable precisión los defectos ajenos y practican una igualmente admirable ceguera frente a los propios. Cuando desapareció la renta que financiaba el relato, descubrimos que detrás de la revolución permanente había algo mucho más antiguo: el viejo rentismo latinoamericano disfrazado de transformación histórica. Con menos teoría de lo que prometía y bastante más clientelismo de lo que admitía. Como suele ocurrir en Bolivia, la propaganda insistía en que estábamos construyendo el futuro mientras la contabilidad revelaba que estábamos hipotecándolo.
El debate boliviano sigue atrapado en una confusión conceptual de alto costo: discutir el modelo económico, la forma de gestionar la riqueza, sin cuestionar el patrón de desarrollo que la genera. Durante dos siglos, Bolivia construyó su existencia sobre la extracción de recursos naturales, alternando entre administradores estatales y privados con resultados igualmente mediocres.
La nueva narrativa que el país necesita no puede limitarse a proponer quién gestiona la mina; debe atreverse a imaginar una Bolivia cuya fuente de riqueza sea el capital humano: productividad, cohesión social y un nuevo equilibrio político que no dependa del próximo boom de materias primas.
Las políticas macroeconómicas urgentes y las reformas estructurales son necesarias, pero solo instrumentos.
La verdadera brújula, la misión que debería ordenar todo lo demás, es la conquista del planeta educación. Hasta que esa idea no ocupe el centro del debate, el bloqueo más peligroso no estará en las carreteras, sino en el pensamiento.
