Desde hace más o menos una semana que prácticamente toda la expectativa está ahora puesta en si el presidente Rodrigo Paz y su gabinete de ministros dictarán un Estado de excepción, luego de que ambas cámaras del Congreso aprobaran leyes que les permiten hacer tal cosa.
Curiosamente, ante la justicia han llegado recursos a favor y en contra. Por un lado, un diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, planteó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) contra la Ley de Reglamentación de Estados de excepción recientemente promulgada por Paz; su recurso se suma a una primera AIA del Defensor del Pueblo —ya admitida— contra la Ley 1732, que abrogó la normativa anterior sobre el mismo tema. Por otro, las Iglesias Evangélicas han interpuesto una Acción Popular para que Paz decrete Estado de excepción.
Como se ve, al igual que en las conversaciones de los ciudadanos de a pie, las opiniones están divididas, todo muy acorde a la polarización política que ha venido marcando el paso de la cotidianidad boliviana en los últimos años.
Lo cierto es que, después de más de 40 días consecutivos de conflicto social, la situación económica no da para más, tanto para las grandes industrias y empresas como para los pequeños y medianos productores y las familias que viven —y en muchos casos apenas sobreviven— con lo que comercializan en el día a día, la mayoría dentro del sector informal.
El Gobierno ha recibido el visto bueno del Senado y de Diputados y tiene en sus manos el instrumento legal para intervenir los bloqueos, como lo han expresado sus voceros, respetando los derechos humanos.
De acuerdo con recientes declaraciones de los ministros directamente implicados en el tema: el de Gobierno y el de Defensa, la administración de Paz está analizando la posibilidad del Estado de excepción, pero se toma su tiempo. Un tiempo que, para un importante número de bolivianos, se va acortando, dada la urgencia de la economía y de la salud (los insumos medicinales bloqueados) que aprieta y no da respiro.
Parafraseando al propio ministro Ernesto Justiniano, en su discurso ante las Fuerzas Armadas de este martes: una cosa es la protesta legítima y otra, el bloqueo violento e inhumano. Los derechos de unos bolivianos no pueden verse afectados por cualquier demanda de otros bolivianos. Él es partidario de la “prudencia”, según lo remarcó en una entrevista, el viernes de la semana pasada, y también durante sus palabras de ayer.
¿Es posible ponerse en los zapatos de los transportistas que llevan alrededor de 40 días viviendo prácticamente a la intemperie, bloqueados en distintas carreteras del país, alimentándose de manera precaria y apenas consiguiendo agua para beber y asearse? ¿Cuántas empresas más tienen que dejar de producir, o despedir o dar obligadamente vacaciones colectivas a sus trabajadores? ¿Qué hay de los hombres y mujeres que necesitan del libre tránsito para llevar el pan de cada día a sus hogares?
Varios sectores importantes, entre ellos los industriales, los choferes y los cooperativistas mineros, han exigido una respuesta contundente contra quienes alteran el orden público y afectan los derechos a la transitabilidad de todos los bolivianos. A ellos se les han sumado cabildos como los convocados por el Comité Cívico de Chuquisaca y el Comité Multisectorial de La Paz, en los que se ha aprobado el pedido al Gobierno del fin de los bloqueos y de la aplicación del mecanismo constitucional del Estado de excepción.
El debate sobre si se debe o no dictar de una vez esa medida se prolonga y, a medida que avanzan los días, crece la incertidumbre al respecto. El Comité pro Santa Cruz ha sugerido en varias oportunidades que el Estado de excepción sea “sectorizado”, es decir, solo en algunas partes del territorio nacional.
Aunque pueda parecer tarde, del Presidente y sus ministros todavía se esperan decisiones firmes en defensa de la institucionalidad democrática y, en definitiva, del bienestar general.
