Es lamentable decirlo, pero, gracias a la permisividad de los diferentes gobiernos, el bloqueo de caminos y carreteras en Bolivia ha pasado a prostituir el concepto de “protesta”, llevando al país a la degradación de la convivencia democrática, la normalización del abuso y el uso de un discurso violento, radical e inhumano, amenazando fracturar aún más a la sociedad, por causa de la mala política, las dictaduras sindicales y organizaciones bien remuneradas que hacen de la pobreza, la ignorancia, la necesidad y la precariedad, un gran negocio.
En momentos en que el país atraviesa nuevamente por una alta conflictividad, con los bloqueos como principal expresión, un sondeo público realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha arrojado cifras contundentes. Los resultados son casi unánimes y revelan cómo la ciudadanía está llegando al hastío frente a la espiral de violencia de los bloqueadores.
A decir del sondeo, un 96% de los encuestados rechaza el bloqueo como medida de presión; 95% considera que el diálogo debería imponerse a la confrontación; 97% afirma que bloquear atenta contra el derecho al trabajo y la libre circulación; un 98% cree que perjudica al desarrollo del país y daña su imagen internacional; el 96% afirma que el bloquear es un delito; un 95% pide sancionar a los bloqueadores y el 90% reconoce haber sido afectado por ello. De verdad, es difícil encontrar en Bolivia consensos tan, pero tan contundentes, como éstos.
La explicación tiene que ver con que la gente está cansada de escuchar que el bloqueo es una expresión del derecho a la protesta, y lo ven, cada vez más, como una práctica que castiga no a uno, sino, a millones. Está harta de ver cómo se destruye sin piedad la producción, se paralizan las exportaciones, se destruyen empleos y se profundiza la pobreza en un país que debería estar centrado en reconstruir su economía y recuperar su estabilidad, algo que poco les importa a los violentos, sí, violentos, con todas sus letras.
O ¿qué se puede decir de los videos de antisociales exhibiendo armas de fuego, lanzando amenazas, arengando alarmantemente, “¡ahora sí, guerra civil!”? O ¿qué de los discursos cargados de chauvinismo, resentimiento y expresiones xenófobas que agreden a una sociedad que en su mayor parte quiere vivir en paz bajo la idea de una nación plural?
Cuando supuestos “Representantes Nacionales”, dirigentes sindicales o los propios bloqueadores impúdicamente hablan de muertos, enfrentamientos o violencia, como escenarios deseables, el conflicto pasa del terreno del derecho y la democracia al plano de la barbarie, porque a la violencia verbal, le sucede siempre la agresión física.
¿No resulta, acaso, perturbador y chocante escuchar declaraciones de bloqueadoras diciendo que pondrán a sus hijos como escudos en los puntos de bloqueo o que mujeres embarazadas estarán “en primera línea”, como carne de cañón? ¿Qué clase de degradación ética podría aceptar la utilización de niños y mujeres gestantes como instrumentos de presión? ¡¡¡Degeneración total!!!
Pero, esto no acaba aquí, porque, más allá de la amenaza está la evidencia de algo aún más aterrador: “Cercar” ciudades, ambulancias detenidas, camiones de oxígeno impedidos de circular y medicamentos retenidos, a la par que los bloqueadores lanzan crueles frases tales como, “que se muera, pues, el enfermo”, revelando una total falta de empatía -deshumanización y bestialidad- porque, ni siquiera en las conflagraciones internacionales se bloquea la ayuda humanitaria; es lamentable, pero, los límites éticos que ninguna confrontación debería cruzar, se están rompiendo peligrosamente en Bolivia.
Y como si esto no bastara, se dan aberrantes expresiones como la amenaza de “alfombrar la carretera con cadáveres”, banalizando la muerte, mostrando de cuerpo entero a quienes hacen gala de sus “ponchos color sangre”. ¿No resulta una degradación moral, el animarse siquiera a pronunciar cosa semejante?
Todo esto ocurre, además, en un contexto económico altamente delicado, castigado por cuantiosas pérdidas derivadas de los bloqueos que en un mes superan holgadamente los 1.000 millones de dólares afectando al sector agropecuario, industrial, exportador, importador, comercial, turístico, transporte y servicios, amén de la caída de la imagen-país y la pérdida de vidas de personas reales.
De ahí que, el sondeo del IBCE da cuenta de una creciente demanda social por orden, institucionalidad y límites democráticos, y la necesidad de castigar a los infractores de los derechos fundamentales, e instigadores.
Es triste decirlo, pero, la radicalidad, el odio, la envidia y la violencia que hay en ciertas regiones del país, explican en gran parte su frustración y pobreza. Para evitar el contagio y acabar con los bloqueos, es deber de las autoridades garantizar la paz social -en uso de las facultades que para ello franquea la Constitución Política del Estado- mucho más, cuando un 95% de la población pide que se sancione a los bloqueadores y sus promotores…
