El “Encuentro con la Patria” realizado el pasado 9 de mayo en Cochabamba volvió a colocar en el centro del debate nacional una idea postergada durante décadas: reconstruir Bolivia desde sus municipios y gobernaciones.
La convocatoria reunió a más de 500 líderes municipales, departamentales y nacionales en un ejercicio de diálogo político de base amplia que no se veía en Bolivia desde hace décadas. Por momentos, el encuentro permitió dejar de lado diferencias ideológicas, partidarias, regionales y étnicas para dar paso al Estado nacional en todo su vigoroso esplendor. Bastaba escuchar a tantos líderes jóvenes y optimistas apostando por una nueva Bolivia, solidaria y democrática.
El nuevo gobierno nació con el respaldo de una mayoría nacional cansada del desastre dejado por el MAS. Pero las recientes elecciones subnacionales demostraron también la dispersión política y el retorno de muchos resabios del régimen anterior bajo distintos disfraces electorales. Por eso, el encuentro de Cochabamba tuvo una importancia especial: reconstruir gobernabilidad desde los municipios y gobernaciones, es decir, desde el Estado local profundo.
La convocatoria recogió, en realidad, el trabajo donde Bolivia había quedado hace exactamente 26 años.
La noche del 9 mayo del año 2000 se levantó la huelga general provocada por la llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba, conflicto que estuvo a punto de derrocar al gobierno constitucional de Hugo Banzer y Jorge Quiroga. Aquella negociación que salvó la democracia abrió luego paso al Diálogo Nacional 2000, el primer encuentro nacional de base municipal auspiciado por el gobierno para definir el destino de los recursos provenientes del perdón de la deuda externa para Bolivia, bajo la iniciativa HIPC para países pobres altamente endeudados.
Durante tres días de trabajo, los entonces 315 alcaldes del país definieron que esos recursos extraordinarios (la limosna internacional más grande que fuera recibida por Bolivia) serían destinados prioritariamente a los municipios con mayores niveles de pobreza y población indígena, distribuidos según población y bajo los criterios de la Ley de Participación Popular. Aquellos recursos (alrededor de 1.500 millones de dólares en alivio de deuda comprometido para Bolivia) se sumaban a la asignación permanente del 20% de los ingresos fiscales nacionales destinados a los municipios mediante coparticipación tributaria. Fue la mayor redistribución de recursos públicos per cápita de nuestra historia republicana, realizada de forma diaria, obligatoria, y automática.
Bolivia parecía haber encontrado una ruta histórica: descentralización político-administrativa, fortalecimiento municipal y recursos energéticos capaces de reducir la pobreza estructural del país. Solo unos años después, la exportación de gas al Brasil terminaría generando más de 60.000 millones de dólares para Bolivia. Pero esa bonanza fue posteriormente centralizada y dilapidada por el desgobierno y la corrupción del MAS.
Por eso el encuentro nacional del pasado 9 de mayo tuvo una importancia que muchos todavía no terminan de comprender, ya que rescató aquella lógica democrática de concertación nacional y rompió, al menos momentáneamente, la dinámica de presión corporativa y movilización permanente para sustituir la democracia por la fuerza.
Ahora corresponde pasar del diálogo a la acción.
El resultado más importante de los acuerdos negociados aquella noche de mayo del año 2000 fue fortalecer la gestión local del Estado, descentralizando competencias y recursos hacia municipios y gobiernos locales. Esa lógica vuelve a cobrar vigencia hoy con mayor fuerza.
El acuerdo más importante fue la descentralización del pago de haberes de maestros y trabajadores de salud hacia los municipios, juntamente con la delegación de esos servicios a nivel local y complementados con recursos de la Participación Popular.
Ese acuerdo social dio lugar a la decisión de gobernar desde el Estado local profundo y convocar al Diálogo 2000.
Hoy, de esa ruina o “cloaca”, como la llamó el presidente Paz, debemos emerger fortaleciendo al Estado desde sus verdaderos cimientos, que son los municipios y gobernaciones.
La primera medida debiera ser la transferencia inmediata de la administración salarial de maestros y trabajadores de salud a los municipios. En segundo lugar, todo “acuerdo” debe ser transparente, público, “sobre la mesa”, y aprobado institucionalmente. Y tercero, cualquier esfuerzo de “rescate” económico debe ser compartido proporcionalmente entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, porque los recursos en juego pertenecen también a las universidades, municipios y gobernaciones.
La asistencia y el discurso inspirado y generoso que pronunció el expresidente Jorge Tuto Quiroga estuvo a la altura de las circunstancias históricas; así como las palabras de los alcaldes y dirigentes concurrentes, todos miembros plenos y legítimos del Estado Nacional.
“Primero Bolivia y primero la Patria”, como dijo Rodrigo.
De esta crisis brutal que hoy vive Bolivia estos días, ojalá otro mayo pudiera comenzar para el país.
