Durante casi dos décadas, el proyecto nacional-popular gobernó Bolivia apoyado en una narrativa ideológica populista, control político fuerte y abundancia de rentas extractivas, especialmente del gas natural. El ciclo de altos precios financió gasto público, transferencias y subsidios, pero también la construcción de un bloque histórico de poder con fuertes mecanismos de lealtad económica y simbólica.
Las consignas nacionalistas, la soberanía sobre los recursos y el imaginario desarrollista de los años 50 otorgaron al proyecto una legitimidad que trascendía la mera administración económica.
Con el tiempo, aquel proyecto derivó en un modelo rentista y prebendal: dejó de sustentarse menos en la expansión productiva y pasó a depender, en mayor proporción, de la distribución de rentas del gas y la minería.
El tipo de cambio fijo, financiado por la bonanza gasífera, generó renta comercial para sectores importadores y urbanos; se consolidaron lealtades basadas en bajos impuestos, tolerancia a la minería ilegal y a la economía de la coca; y se multiplicaron bonos, subsidios, empleo público y acceso privilegiado a contratos estatales.
Las rentas distribuidas no fueron únicamente materiales: el modelo también repartió poder simbólico y político, control del aparato estatal, cuotas corporativas, reconocimiento identitario, convirtiendo al Estado en el gran articulador de lealtades. El problema estructural fue que toda esa arquitectura descansaba sobre una base frágil: la continuidad indefinida de las rentas extractivas.
Cuando el ciclo gasífero se agotó, se erosionó también la capacidad estatal de sostener el entramado de alianzas. La crisis fue, sobre todo, una crisis del bloque histórico de poder: el modelo dejó de generar excedentes para alimentar las coaliciones corporativas que habían aprendido a vivir alrededor del Estado.
El deterioro económico arrastró al deterioro político, y el colapso electoral del MAS en 2025 no fue la derrota de una sigla, sino la implosión de un sistema completo de distribución de poder, rentas y representación.
Las elecciones de 2025 redibujaron abruptamente el mapa político. El antiguo bloque quedó sin representación sólida y sus actores, políticamente huérfanos, intentaron reubicarse sin narrativa común ni liderazgo articulador.
En ese escenario emergió el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, construido sobre un "préstamo electoral" de sectores descontentos más que sobre una identidad política propia. Su legitimidad inicial descansó en el agotamiento del modelo anterior, no en un nuevo proyecto histórico coherente.
El error central del nuevo gobierno fue interpretar la crisis como un desafío de gestión económica y no como una disputa por la reconstrucción del poder político. La crisis boliviana no era una crisis de políticas públicas: era una crisis de hegemonía.
El nuevo oficialismo subestimó que "la buena economía necesita buena política" y que el vacío dejado por el antiguo bloque quedó suspendido en las calles, en las organizaciones corporativas y en las redes informales de influencia.
Los grupos que vivieron de las rentas estatales reclaman ahora sus antiguos privilegios de forma fragmentada, sin proyecto alternativo. Bolivia enfrenta el desafío de construir un nuevo pacto nacional-popular con base productiva, no simplemente reemplazar élites.
La gran paradoja es que durante años el problema era administrar la abundancia; hoy es administrar la escasez sin que el sistema político se devore a sí mismo en la disputa por las últimas rentas disponibles.
Aunque episodios como la crisis de la "gasolina basura" o los escándalos de corrupción aceleraron la descomposición, el agotamiento del modelo habría emergido de todas maneras: el problema de fondo era el agotamiento de las condiciones materiales que sostenían la arquitectura del poder.
Cuando las rentas extractivas comenzaron a desaparecer, empezó a fracturarse el sistema de lealtades económicas, corporativas y simbólicas construido durante dos décadas.
Al perder espacio institucional, especialmente en la Asamblea Legislativa, el bloque nacional-popular trasladó su capacidad de presión hacia las calles: bloqueos, movilizaciones, cercos y conflictividad social permanente. Bolivia ingresó así a una fase donde poder institucional y poder fáctico volvieron a divorciarse, reproduciendo una vieja tradición nacional: cuando ciertos actores pierden representación formal, la calle se convierte en el último banco central de la política.
Frente a este escenario, el gobierno de Paz Pereira enfrenta alternativas restrictivas y costosas. La primera opción, construir tempranamente un nuevo bloque de poder mediante una coalición amplia y territorialmente articulada, fue en gran medida desaprovechada. El tiempo perdido en diagnósticos tecnocráticos y gestión reactiva de conflictos erosionó la capacidad de convocatoria del gobierno. Un pacto político amplio hoy parece mucho más difícil.
La segunda alternativa sería un cogobierno parcial con las fuerzas corporativas que orbitaban el viejo modelo rentista. Pero implicaría compartir poder con quienes buscan recuperar antiguas rentas y mecanismos de captura estatal: la reedición del viejo equilibrio prebendal bajo condiciones de escasez. Un matrimonio político de emergencia donde todos desconfían de todos, pero todos necesitan algo del otro; estos pactos sobreviven mientras hay algo que repartir y colapsan cuando solo quedan facturas pendientes.
La tercera alternativa, usar el poder coercitivo del Estado para neutralizar a los grupos que desafían al gobierno desde las calles, es probablemente la más riesgosa. En contextos de fragmentación institucional y deterioro económico, la capacidad estatal de imponer orden es menor de lo que aparenta. En Bolivia, el poder estatal suele parecer sólido hasta que descubre, demasiado tarde, que la calle también tiene capacidad de veto.
En medio de este proceso reaparece Evo Morales y otros liderazgos emergentes que buscan conducir la recomposición del antiguo bloque nacional-popular. Sin embargo, predominan la fragmentación, las disputas internas y la ausencia de proyecto estratégico. Existen múltiples actores disputando el vacío de poder, pero ninguno capaz aún de reorganizar de manera estable las alianzas que el país requiere.
Bolivia parece atrapada en una transición incierta entre el agotamiento de un modelo rentista que ya no puede financiar estabilidad y la ausencia de un nuevo proyecto político-productivo que lo sustituya. Quizá esa sea la verdadera tragedia del momento: el país ya dejó atrás el viejo ciclo histórico, pero todavía no logra imaginar con claridad el siguiente.
