Hace mucho tiempo, analistas económicos y políticos, periodistas y también políticos profesionales hemos sostenido que la salida de la crisis multidimensional en Bolivia es sobre todo política.
Asimismo, trabajos como el Growth Lab de la Universidad de Harvard y un reciente libro, publicado por el London School of Economics titulado El consenso de Londres, también han concluido que no existe buena economía sin buena política. La frase parece sencilla –casi un cliché–, pero encierra una verdad profunda: los mercados, las inversiones, la productividad, la justicia social, la innovación y el crecimiento no florecen en el vacío; necesitan instituciones sólidas, pactos políticos y sociales, reglas claras, confianza pública y liderazgo democrático. Necesitan buena política.
Sin acuerdos, sin gobernabilidad y sin capacidad de acción colectiva, las mejores recetas económicas terminan archivadas en algún cajón ministerial o alguna biblioteca o simplemente cambiadas por papel higiénico rosado.
Sin embargo, aunque esta tesis fue repetida en artículos, conferencias y debates, tuvo escaso eco en una clase política boliviana más inclinada a la confrontación que a la construcción.
Lo paradójico es que quien sí entendió esa consigna fue la ciudadanía boliviana. En las elecciones del año pasado, la población ofreció una lección de madurez democrática. Votó en paz, con civismo y con serenidad. Utilizó el instrumento más poderoso de la democracia –el sufragio– para expresar un deseo claro de cambio político y económico.
Con su voto no solo desplazó a un gobierno autoritario, ineficiente y corrupto; también comenzó a cerrar un ciclo ideológico marcado por el agotamiento del modelo extractivista, el estatismo cleptómano y del populismo que dominó la vida pública durante 20 años. El mensaje fue inequívoco: la sociedad boliviana quería un nuevo rumbo. La gente entendió que sin buena política no hay buena economía ni tampoco futuro.
En el ámbito económico, la gente también mostró una notable madurez política al aceptar medidas difíciles, como el ajuste en los precios de los combustibles, comprendiendo que el Estado arrastraba una severa fragilidad fiscal. En otros tiempos un gasolinazo provocaba retrocesos rápidos de las medidas, insurrecciones populares o derrocamiento de gobiernos.
En esta oportunidad, no hubo entusiasmo, naturalmente, pero sí una comprensión cívica de que las cuentas públicas no se corrigen con discursos, sino con decisiones responsables.
Del mismo modo, en el ámbito subnacional (gobernaciones y municipios), la ciudadanía optó por fortalecer poderes locales más cercanos a la gente, reflejando la enorme diversidad territorial, social y cultural del país. En otras palabras, la población entendió algo esencial: para arreglar la economía primero hay que pavimentar la institucionalidad y profundizar la democracia. Es decir, la buena economía y el desarrollo local se construyen con buena política.
Lamentablemente, ese aprendizaje ciudadano de que la buena política crea buena economía no parece haber sido asimilado por buena parte de la nueva y antigua dirigencia política de oposición. Muchos actores continúan atrapados en estructuras improvisadas, alianzas líquidas y organizaciones sin doctrina, sin programa y sin vocación de permanencia.
Se ejerce el poder como administración de intereses particulares, no como construcción del bien común. Y cuando los partidos dejan de ser espacios de ideas y se convierten en simples franquicias electorales, la política pierde capacidad para resolver problemas nacionales. Muchos de los líderes actuales de oposición comprenden la política como cultivar el ego y crear pequeños reinos de poder.
Pero la carencia más grave de los líderes políticos nuevos y viejos es no comprender que, ante una crisis económica, social e institucional de gran magnitud, ninguna fuerza aislada tiene la capacidad de ofrecer soluciones duraderas. La salida requiere pactos, cooperación y una narrativa compartida de futuro. Recuperar la estabilidad, reconstruir la confianza y volver a crecer no son actos individuales; son tareas colectivas.
La buena política no consiste en insultar más fuerte, bloquear más caminos o acumular más enemigos en redes sociales. La buena política consiste en tender puentes, procesar diferencias, acordar prioridades y construir horizontes comunes. Es el arte difícil –y noble– de pactar sin claudicar principios esenciales.
Bolivia necesita comprender que el desarrollo no nacerá solo de una hoja de cálculo, ni de una reforma administrativa aislada, ni de una consigna ideológica reciclada. Nacerá de instituciones serias, de ciudadanía vigilante y de una dirigencia capaz de cooperar en medio de sus diferencias.
Porque una sociedad más justa, un Estado más transparente y eficiente, y una economía moderna, inteligente y sostenible no son milagros técnicos. Son, ante todo, el fruto de una buena política.
En seis meses del gobierno de Paz Pereira se recicla o vuelve la mala política al país. Por las calles comienza a circular una sociedad molesta y engañada por la gasolina basura, por la falta de resultados concretos frente a la crisis, por el miedo a la incertidumbre. También, nuevamente, están en las calles los movimientos autoritarios que quieren imponer su visión del mundo y que no quieren largar los privilegios de las rentas del pasado, que el populismo les dio con la miel de la abundancia económica.
El llamado a un acuerdo nacional por parte del presidente Paz Pereira, aunque tardío, representa una oportunidad relevante para reactivar la política como instrumento de resolución de la crisis. Más allá de interpretaciones sobre debilidad, lo central es su potencial para reconstruir espacios de negociación y consenso.
Para que este proceso tenga viabilidad debe comenzar en la Asamblea Legislativa, donde los partidos con representación pueden traducir acuerdos en decisiones concretas. Posteriormente, el pacto debe ampliarse hacia actores sociales, empresariales y regionales, configurando una arquitectura política compleja pero necesaria para dotar de legitimidad y sostenibilidad a las medidas adoptadas.
En cuanto a la agenda, la urgencia económica obliga a priorizar temas críticos: restablecer la confianza en el abastecimiento energético, implementar un ajuste fiscal creíble y preservar la estabilidad social.
Paralelamente, es imprescindible reconstruir la institucionalidad mediante la designación transparente de autoridades en entidades clave y garantizar el acceso a financiamiento externo.
Este proceso debe desembocar en una agenda de reformas estructurales –diversas leyes económicas– que fortalezca la sostenibilidad fiscal y promueva el crecimiento.
En definitiva, la salida de la crisis dependerá de la capacidad de los actores para pasar de la confrontación a la cooperación, entendiendo que la estabilidad económica es, ante todo, una construcción colectiva.
