Pasan más de cuatro meses y medio de que el presidente Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia del Estado y uno de los signos más notorios de su gobierno es una ley del embudo que, al aplicarse en otra administración, bien podría rotularse como “nueva”.
Durante los gobiernos del MAS, la ley del embudo era ancha para sus militantes, y los autoproclamados indígenas, y angosta para los demás. Si no eras lo uno o lo otro, no tenías opciones, aunque tuvieras títulos académicos y posgrados.
Curiosamente, fue el MAS el que no solo agregó burocracia, sino también más requisitos para el ingreso al sector público. Se creó la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) con un buen propósito: enseñar a la gente a ser una servidora o un servidor público. Lamentablemente, los métodos que aplica para eso no son idóneos, puesto que la mayoría de los cursos son virtuales, pero sin maestros, solo grabaciones. Al no existir monitores directos, las evaluaciones están libradas al criterio del postulante, salvo en idiomas nativos, cursos en los que hay una evaluación oral que se califica con 70 puntos. Y aquí hay que volver a lamentar que los postulantes son evaluados como si habrían cursado una maestría de un año, cuando la instrucción virtual que se imparte apenas llega al grado de básica. Sin certificado de idioma nativo, no entras a la función pública para la que también debes aprobar otros cursos como el de la Ley 1178, políticas públicas, prevención contra la violencia doméstica y responsabilidad por la función pública.
Todo eso sonaba muy bien, pero los hechos demostraron que los masistas o los autoproclamados indígenas no necesitaban cumplir requisitos porque “le metían nomás” y esa era la ley del embudo.
Al ser un nuevo gobierno, el de Rodrigo Paz debió desmontar la estructura jurídica del masismo, pero no la ha tocado hasta ahora. Sin procedimiento legislativo previo, no se puede tocar la columna vertebral, integrada por la Constitución Política del Estado y las leyes, pero sí pueden modificarse normas menores, como decretos, resoluciones ministeriales, de directorio u otras de índole administrativo. El problema es que este nuevo gobierno tampoco ha tocado estas normas, así que seguimos viviendo en el Estado que trazó el masismo con una diferencia: ahora no hacen excepciones y te exigen lo que dice la norma (masista). En el caso de la EGPP, se sigue aplicando los mecanismos inquisitoriales que dejaron los masistas, así que es difícil entrar a la función pública, pero hay un gran detalle: los masistas ya están adentro, porque no los sacaron: esa es la ley del embudo del gobierno de Paz Pereira.
¿Quiere un botoncito más de muestra?... La legislación laboral se aplica estrictamente y, si un trabajador falta injustificadamente, sufre descuento por ese día. Mientras, el vicepresidente EdmandLara viaja a los compromisos futboleros que se presentan, junto a su esposa, que también es servidora pública, y, hasta ahora, los bolivianos no sabemos si les descuentan por sus faltas y si están viajando con la plata de nuestros impuestos. Ley del embudo nomás.
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
