Para pesar de los bolivianos, la afirmación —o constatación— de que la administración de justicia es un desastre de gran magnitud se ha convertido en verdad de Perogrullo.
La última cumbre de la justicia se realizó en noviembre, ya con el nuevo gobierno, y, luego de casi tres meses, no se advierte más que actuaciones públicas y anuncios bien intencionados por parte de las principales autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público. Sobre acciones urgentes, como la reforma normativa, se conoce poco o nada. Lamentablemente, lo más destacado de las últimas semanas fue la noticia de que un juez ha sido detenido preventivamente por supuestos vínculos con el narcotráfico, en un hecho que hizo crecer, todavía más, el descrédito en la justicia.
Estamos mal, pero existe un detalle sobre el que casi no se habla y eso es lo que ocurre detrás de los escritorios de los administradores de justicia. Sí: existieron y existen malos jueces, que son los que han llevado al aparato judicial a su actual estado de desastre, pero también existen excepciones. Si tomamos en cuenta que los administradores de justicia son abogados, también debemos recordar que, como en todo, entre estos existen buenos y malos.
Estudié Derecho entre 1986 y 1991, tiempo en el que existían materias como Técnicas de Investigación Social y Jurídica (CJS 106) e Historia Crítica de Bolivia (CJS 110) que ahora ya no figuran en el pensum académico de la Universidad Autónoma Tomás Frías. En cambio, ahora tenemos Filosofía Jurídica y Ética de la Abogacía (DER 410). Con este último dato, debo presumir que los abogados de los últimos años reciben mejor formación deontológica que nosotros, los que estudiamos en el siglo pasado.
En más de 35 años de ejercicio periodístico conocí magistrados buenos y malos, incluidos ministros de la ex Corte y hoy Tribunal Supremo de Justicia. Es obvio que he conocido a decenas de abogados, pero pocos me sorprendieron tanto como uno que radica en La Paz y ha convertido el Derecho en mercancía, sainete, instrumento de extorsión y, lo que es peor, ha encontrado la forma de manipular la justicia a su antojo.
En la teoría jurídica, un proceso judicial tiene cinco etapas: postulatoria (demanda y contestación), probatoria (actuación de pruebas), alegatos (conclusiones), decisoria (sentencia) e impugnatoria o de ejecución. Una vez que se dictó sentencia, se abre la etapa impugnatoria en la que se puede apelar para anularla o modificarla. Cuando el procedimiento lo permite, existe una última etapa que es la casación. Una vez se cierra esta, no existen pasos posteriores. Caso cerrado.
El abogado del que les hablo lleva el proceso más allá de la casación porque, cuando pierde un caso, no acepta la sentencia en contrario e inicia una campaña de desprestigio contra el o los jueces que la dictaron. Como este vive en La Paz, llega periódicamente a Potosí y una de sus tácticas es emitir declaraciones en la plaza principal, para periodistas que no se molestan en pedir contraparte. La otra, todavía más peligrosa, es que se alía —o contrata— a abogados que prosiguen la campaña cuando él retorna a La Paz. Ahora que las redes sociales son terreno propicio para cometer impunemente delitos contra el honor, los abogados difamadores usan esas plataformas con preferencia. Entonces, no hay caso cerrado porque se lleva la justicia al terreno de la infamia y puede durar indefinidamente.
No sé dónde estudió este abogado. En la Universidad Mayor de San Andrés existe la materia de Filosofía y Deontología Jurídicas (CJR 405) y debo presumir que en esta se enseña que el Derecho se debe ejercer con el empleo ético de las leyes. Cuando uno o más abogados manipulan las leyes, sea como jueces, fiscales o abogados libres, apartándose de las normas subjetivas, pero vigentes, de la moral, tenemos una de las explicaciones para la crisis de la justicia boliviana.
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
