El precipitado proceso de selección de vocales para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2025-2031, no ha enviado buenas señales a la población. ¿Se puede seleccionar y nombrar en una semana a los magistrados de uno de los órganos más importantes del Estado (que durante seis años tendrán a su cargo todos los procesos electorales), corriendo el riesgo de caer en manos de personas sin suficiente experiencia?
El riesgo es enorme y lo primero que viene a mi mente es el tribunal culpable del fraude electoral de 2019, que pretendió servir en bandeja a Evo Morales la posibilidad de seguir gobernando por un cuarto periodo, pero que gracias a la reacción popular generalizada en todo el país (las “pititas” que tanto odian los masistas) no sucedió. Ese tribunal fue destituido por el propio Evo Morales en un intento desesperado (pero tardío) de repetir las elecciones con él como eterno candidato.
Muy pronto supimos lo que pasó, como se narra en detalle en el libro Relato de un pueblo que publicó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDH-LP): por órdenes del palacio de gobierno se interrumpió el conteo de votos y cuando al día siguiente se restableció el sistema, Morales llevaba un margen mayor a diez puntos sobre el principal candidato opositor, Carlos D. Mesa.
La bribona presidenta del TSE masista, María Eugenia Choque, fue unos pocos días a la cárcel, pero luego desapareció confortablemente del paisaje político, al igual que sus cómplices Idelfonso Mamani, Lucy Cruz Villca, Lidia Iriarte y Antonio Costas. Muy a tiempo para no embarrarse, renunciaron la presidenta del TSE, Katia Uriona, y la vocal Dunia Sandoval, que vieron venir la aplanadora del MAS en el proceso electoral de 2019.
Nunca había estado más desprestigiado el Tribunal Supremo Electoral que cuando quedó atrapado en manos del (mal llamado) Movimiento al Socialismo.
Uno extraña los tiempos en que había vocales prestigiosos (que tenían una larga trayectoria de independientes, honestos e incorruptibles), como Huáscar Cajías Kaufmann, Luis Ramiro Beltrán o Salvador Romero Ballivián, entre otros pocos. Aunque no todos tenían experiencia previa en elecciones, su principal fortaleza era su trayectoria intachable, independientemente de sus convicciones políticas. En esta gestión que concluye, Óscar Hassenteufel ha sido el factor de equilibrio y de confianza.
Quizás ese recurso humano de personalidades públicas de alto nivel ético e intelectual está casi agotado luego de veinte años de corrupción, autoritarismo y retroceso histórico, pero todavía hay en la sociedad civil profesionales con trayectoria proba y con conocimiento del sistema democrático, que es indispensable para erigirse en rectores de los procesos electorales.
Pero no porque sean juristas, economistas o informáticos van a “aprender” –sobre la marcha– cómo funcionan las elecciones. El principal criterio debería ser la experiencia en procesos electorales, porque los vocales son quienes más deberían conocer el tema, no sólo desde la lectura de la Constitución y de las leyes y reglamentos, sino desde la experiencia.
Se ha señalado que el actual proceso, por su precipitación y atropello, excluye etapas primordiales en la preselección de los candidatos y se ha dicho que la más importante de esas etapas sería una entrevista con los postulantes, que permitiría calibrar la idoneidad de las personas. Ese criterio, en principio correcto, estima que una cosa son los documentos que puedan presentar los postulantes, pero que una audiencia cara a cara permitiría a los candidatos demostrar sus conocimientos y su capacidad de expresarlos, algo que no se puede detectar en los papeles.
Incluso el lenguaje corporal suele ser más significativo que hablar lenguas nacionales. En el nivel superior de decisión de las vocalías nacionales del TSE no debería ser un requisito indispensable hablar quechua, aimara o guaraní para obtener mayor puntaje.
Eso está bien para los técnicos, ni siquiera para los vocales de los tribunales departamentales. Más importante que balbucear o dominar una lengua indígena, es conocer en profundidad los fundamentos de la democracia representativa y los procesos en los que los ciudadanos eligen a sus representantes.
Hay argumentos en favor de una entrevista presencial como etapa final de la selección, sin embargo, la experiencia de otros años ha demostrado que las decisiones que pueda tomar la comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa sobre los postulantes, podrían estar sesgadas por las afiliaciones políticas de los diputados y su intención de favorecer a ciertos candidatos sobre otros, más allá de los méritos y trayectoria.
La política es así, oportunista. Por ello es mejor que se valoren sin sesgo solamente los documentos comprobables, de méritos académicos y experiencia profesional.
La Ley 1701 establece en su Artículo 30, los criterios de evaluación para los postulantes, y son bastante claros. La probidad (40 puntos), la docencia universitaria y el ejercicio profesional (más de 15 años de docencia, 30 puntos); la formación académica (30 puntos para el doctorado), para llegar así al total de 100 puntos.
Es una pena que los criterios de la ley no dispongan que los postulantes demuestren cómo su experiencia profesional se traduce en publicaciones académicas y en producción intelectual, lo cual sería un criterio adicional para evaluar su capacidad de “pensar” por sí mismos. La ausencia de ese parámetro parece invitar a la preselección a candidatos menos calificados, sin profundidad académica o con títulos “patito” (de universidades de quinta categoría).
El apresuramiento de esta selección podría dejar a un lado a los más valiosos, aunque la suma de aspirantes haya alcanzado la friolera de 440. Algunos, sin experiencia en procesos electorales, pero con visibilidad pública harán valer su condición de defensores de la democracia. Otros, esgrimirán su origen indígena, como si fuera sinónimo de probidad o de capacidad.
Muchos otros, los eternos aspirantes a todos los cargos públicos, ya estaban listos para presentar los mismos papeles con los que han tratado de introducirse en el Estado anteriormente, ya sea como candidatos a diputados o alcaldes o lo que fuera.
Hay gente que vive del Estado toda su vida, a veces con notoriedad política y otras veces calladitos con cualquier gobierno de turno. Ya sabemos que el principal deporte que se practica en Bolivia es el oportunismo.
