Cuando el MAS llegó al poder el año 2006, arrasó con todos los funcionarios de jerarquía media en el Estado. De hecho, lo hizo por oleadas, varias veces, despiadadamente y sin considerar si al hacerlo estaba echando a la calle a profesionales capaces, valiosos y honestos. O quizás los echó precisamente por eso: porque eran honestos y capaces.
Comparto dos anécdotas que me tocan de cerca. La primera tiene que ver con mi hermano Pedro (Peter, para la familia y amigos), fallecido a principios de septiembre de 2024. Fue funcionario de Cancillería durante más de veinte años, y le tocó desempeñar funciones de ministro consejero en China, Suiza y Brasil. Tenía dos carreras, sociólogo y economista, fue profesor en varias universidades y diplomático la mayor parte de su vida profesional. Fue clasificado como ministro consejero por sus títulos, méritos y experiencia, en el reordenamiento del ministerio de Relaciones Exteriores que se realizó con apoyo de Naciones Unidas (si mal no recuerdo) durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando todo el escalafón de ese ministerio se ordenó debidamente.
Sin embargo, ello no fue óbice para que poco después de la llegada al poder de Evo Morales, echaran a mi hermano y a todo el personal jerárquico de la cancillería. Sólo quedó un funcionario con rango de ministro consejero o embajador. Cuando indagué los motivos preguntando a una amiga que de pronto apareció ejerciendo un alto cargo en el ministerio de Relaciones Exteriores (alguien que yo consideraba de confianza), recibí una respuesta fría: “No va a quedar ni uno, estamos sacando a todos”. Mi hermano quiso reincorporarse a la Cancillería cuando regresó de Brasil, pero no lo admitieron. Terminó dando clases muy mal pagadas en la Universidad de La Salle, y vendiendo sushi los fines de semana con su esposa y sus hijos en una esquina cercana al mercado de Achumani (si se acercaban demasiado al mercado, los sacaban a pedradas las “caseritas” millonarias que se han adueñado del barrio).
Dije antes que las masacres blancas se produjeron en varias oleadas durante los gobiernos masistas. La segunda anécdota tiene que ver con mis funciones en Colombia durante el gobierno de la presidenta Jeanine Añez (que asumió por sucesión constitucional luego del fraude electoral de 2019), y el periodo de la pandemia de 2020. Fui por tres meses y acabé quedándome diez. Cuando asumí como encargado de negocios designado por la canciller Karen Longaric, mantuve al personal de la oficina porque consideré que mientras cada quien hiciera correctamente su trabajo, no había ninguna razón para solicitar que Cancillería los despidiera. Algunos de esos funcionarios llevaban más de una década en la embajada. Tuve que resistir a presiones de la comunidad boliviana en Colombia, que me pedía cesar a esos funcionarios. No lo hice.
Lo paradójico fue que cuando subió el gobierno de Arce Catacora en 2020, todos los funcionarios de la embajada de Bolivia en Colombia fueron despedidos. Incluso el chofer y el asistente de administración, dos colombianos contratados localmente, con décadas de experiencia en la misión diplomática.
Entonces, ojo: que el gobierno de Rodrigo Paz no cometa el mismo error del MAS. Por supuesto, hay que reducir el tamaño del Estado, que se ha triplicado irresponsablemente para dar “pegas” a más de cien mil burócratas que ahora dependen del Estado, pero hay que conservar a los profesionales que trabajan, a los técnicos responsables, a todos aquellos que han cumplido correctamente sus funciones mientras tragaban la dieta de sapos del masismo.
Conozco profesionales jóvenes que comenzaron a trabajar en el Estado en tiempos del MAS por la sencilla razón de que el gobierno era el principal empleador. Ellos me contaron las humillaciones de que fueron objeto. Todo lo que se decía (que el gobierno masista negaba) era cierto: los obligaban a inscribirse en el MAS y les quitaban un porcentaje de sus salarios “para el partido”, si querían conservar sus puestos.
Los intimaban a asistir a todas las manifestaciones en favor de Evo Morales o de Arce Catacora, a veces pagando con su propio dinero pasajes para desplazarse a otras ciudades del país. Los controlaban con listas y en muchos casos forzaban a unos funcionarios a controlar y a denunciar a otros que no participaban con “entusiasmo” en esas manifestaciones de funcionarios acarreados. En las elecciones, controlaban sus votos obligándolos a tomar fotografías de las papeletas.
Han sido 20 años de humillación y de vergüenza para esos jóvenes profesionales que han sobrevivido a los cambios de ministros, viceministros o directores que llegaban con guadaña para cortar cabezas y poner a su propia gente, en muchos casos parientes o amigos con los que podían hacer negocios turbios, como está saliendo al aire ahora en varios ministerios.
Ciertamente, no es fácil distinguir a primera vista a los profesionales responsables y trabajadores, de aquellos que se constituyen en enemigos internos que pueden sabotear el funcionamiento del Estado (en Mozambique, donde estuve un año después de la independencia, en 1976, llamaban “xiconhoca” a esos saboteadores internos que quedaron del régimen colonial portugués).
Es importante por ello hacer auditorías administrativas que revelen quienes son los funcionarios honestos y productivos, y quienes son los que se encaramaron sin méritos propios ni capacidad profesional. Tomará algún tiempo, pero al final se podrá distinguir a aquellos que no están motivados por oportunismo político sino por su dedicación al trabajo y su capacidad técnica.
