El acceso a servicios básicos constituye un derecho humano fundamental y un indicador esencial del nivel de desarrollo de cualquier sociedad. En Bolivia, pese a los avances registrados durante las últimas dos décadas, persisten deficiencias significativas en la provisión de agua potable, saneamiento y electricidad, particularmente en zonas rurales, configurando un panorama de inequidad territorial que compromete severamente la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de millones de bolivianos.
Inicialmente, resulta necesario contextualizar los compromisos gubernamentales. El viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, afirmó en 2023 que Bolivia apunta a alcanzar "una cobertura de agua del 96% en el área urbana y de 77% en saneamiento básico hasta el 2025", reconociendo implícitamente la necesidad de "acortar la brecha entre las áreas urbana y rural". Estas declaraciones evidencian que, a pesar de los esfuerzos realizados, el acceso universal permanece como meta pendiente.
Las estadísticas oficiales revelan disparidades territoriales preocupantes. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, mientras la cobertura de agua en área urbana alcanza el 95%, en el área rural apenas llega al 69%. Paralelamente, en saneamiento básico la situación resulta más crítica: 71% de cobertura urbana versus apenas 45% rural. Consecuentemente, casi la mitad de la población rural carece de instalaciones adecuadas de saneamiento, reproduciendo condiciones de insalubridad y riesgo sanitario.
Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) documentó impactos diferenciados por grupos etarios. Según su análisis basado en datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (2016), "las niñas y niños del área rural cuentan con menor acceso a fuentes mejoradas de agua (72%) que en el área urbana (94%), y a instalaciones mejoradas de saneamiento (32% y 82% respectivamente)". Esta inequidad en la infancia tiene consecuencias graves, dado que "muchos niños menores de cinco años en las zonas rurales carecen acceso a los servicios de agua, higiene y saneamiento no solo en el hogar, sino también en el centro de salud, el centro de cuidado infantil y la escuela".
Adicionalmente, persisten desafíos vinculados a la sostenibilidad de los servicios. Aunque se han ejecutado importantes inversiones en infraestructura especializada en agua potable y saneamiento en Bolivia varios autores advierten que "la calidad de planificación y de ejecución está débil, poniendo en peligro la sostenibilidad de los servicios". Esta observación resulta particularmente relevante considerando que muchos sistemas rurales carecen de capacidad técnica y recursos para mantenimiento adecuado.
Simultáneamente, el cambio climático agrava la problemática y, en este contexto (UNICEF) reconoció que este fenómeno "reduce la disponibilidad de agua en las tierras altas y exacerba su disponibilidad en valles áridos y semiáridos", mientras que en zonas vulnerables a inundaciones "las emergencias afectan negativamente a la continuidad de servicios de agua y saneamiento". Estas vulnerabilidades climáticas demandan estrategias de adaptación que actualmente resultan insuficientes.
Asimismo, Bolivia registra indicadores alarmantes en prácticas sanitarias. UNICEF reportó que el país "tiene la tasa de defecación al aire libre más alta de la región (40%)", situación que refleja no solamente déficits de infraestructura sino también necesidades de educación sanitaria y cambio de comportamientos. Esta práctica tiene impactos particularmente severos en la salud infantil y en la equidad de género
Por su parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) reconoció avances gubernamentales, señalando que "si analizamos los indicadores la mejora en servicios básicos es innegable", aunque enfatiza la necesidad de "seguir insistiendo en la formación de las personas que gestionan el agua y en la necesidad de no dejar atrás la inversión en saneamiento". Esta observación subraya que la sostenibilidad requiere tanto inversión en infraestructura como fortalecimiento de capacidades locales.
En definitiva, el acceso limitado a servicios básicos en Bolivia constituye una manifestación de desigualdades estructurales que demandan respuestas integrales. Aunque se han logrado avances demostrativos en cobertura, persisten brechas territoriales inaceptables que comprometen derechos fundamentales. Resulta imperativo acelerar inversiones focalizadas en áreas rurales, fortalecer capacidades de gestión comunitaria, desarrollar estrategias de adaptación climática y promover cambios comportamentales mediante educación sanitaria. Únicamente mediante un compromiso sostenido y multidimensional será posible alcanzar la meta de acceso universal y equitativo a servicios básicos esenciales.
