La distribución de la riqueza en el territorio es uno de los problemas más graves y persistentes de las sociedades contemporáneas. A pesar de décadas de crecimiento económico sostenido en diversas regiones del mundo, los beneficios de ese crecimiento no han llegado de manera equitativa a todos los territorios ni a todos los grupos sociales. Por el contrario, la concentración de la riqueza se ha intensificado, ampliando las brechas que separan a los más favorecidos de quienes permanecen en condiciones de vulnerabilidad estructural. En este sentido, Thomas Piketty (2014) demostró con evidencia histórica que cuando la tasa de rendimiento del capital supera de forma duradera la tasa de crecimiento, el capitalismo genera mecánicamente desigualdades insostenibles.
Además de lo anterior, la concentración territorial de la riqueza no es ajena a los mecanismos institucionales que regulan la propiedad, la herencia y la inversión pública. Los territorios que concentran capital físico, financiero y humano atraen más inversión, generan mayores ingresos fiscales y, por consiguiente, cuentan con mejores servicios e infraestructura. Este ciclo virtuoso para unos se convierte en un ciclo vicioso para otros. Al respecto, Gunnar Myrdal (1957), economista sueco y Premio Nobel, acuñó el concepto de causación circular acumulativa y sostuvo que las fuerzas del mercado tienden normalmente a aumentar, no a disminuir, las desigualdades entre regiones.
Por añadidura, la desigualdad en la distribución territorial de la riqueza tiene consecuencias que trascienden el ámbito económico y penetran en el tejido social y político de las naciones. Las regiones postergadas tienden a experimentar mayores niveles de conflictividad social, desconfianza en las instituciones y debilitamiento de la cohesión comunitaria. En este marco interpretativo, Richard Wilkinson y Kate Pickett (2009) aportaron evidencia empírica contundente al sostener que las sociedades más desiguales tienen peores resultados en prácticamente todos los indicadores de bienestar social. Esta correlación no puede ser ignorada por quienes diseñan políticas territoriales.
A diferencia de lo que sostienen las visiones más ortodoxas del pensamiento económico, la desigualdad territorial no se corrige espontáneamente mediante el libre funcionamiento del mercado. Se requiere una intervención deliberada del Estado que redistribuya recursos, corrija externalidades negativas y garantice condiciones mínimas de bienestar en todos los territorios. En esta línea argumentativa, Ha-Joon Chang (2007), economista surcoreano, refutó los dogmas del liberalismo económico al afirmar que los países ricos llegaron a donde están gracias a una combinación de proteccionismo, subsidios e intervención estatal, y no a través del libre mercado. Esta reflexión es directamente aplicable a la cuestión del desarrollo territorial equilibrado.
En suma, reducir la distribución desigual de la riqueza territorial es una tarea de carácter urgente y de largo aliento. Requiere reformas fiscales progresivas, políticas de descentralización efectiva, inversión estratégica en los territorios rezagados y mecanismos de participación ciudadana que garanticen que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. Sin estas condiciones, el crecimiento económico seguirá siendo un fenómeno que enriquece a pocos y excluye a muchos, perpetuando las injusticias que esta columna ha procurado denunciar.
