El fondo de capitalización individual que propone Jorge Tuto Quiroga en su oferta electoral –y que le expuso al periodista Fernando del Rincón en CNN en Español el 30 de septiembre pasado–, así como casi todos los logros que se atribuye, son en realidad ajenos y datan de los últimos 40 años.
La estabilización económica la hizo Víctor Paz; el contrato de venta de gas al Brasil, Jaime Paz; la negociación y condonación de la deuda externa y el perdón de la misma a través del HIPC, Hugo Banzer. Tuto sí puede atribuirse la inauguración de las obras del gasoducto Yacuiba–Río Grande, en febrero de 2002.
Pero volviendo al fondo que hoy ofrece Tuto, éste ya existió y se llamó Capitalización, planteada y llevada a la práctica exitosamente por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1994. Paradójicamente, entonces Quiroga se opuso y descalificó esa iniciativa que ahora presenta como la primera gran “revolución propietaria liberal”.
Pero ahora ha surgido y debemos poner atención a las consecuencias en la verificación de los compromisos contractuales de inversión de las empresas capitalizadas en la década del 90. Esto en relación a la propuesta de Quiroga. Voy a referirme a un solo ejemplo: el de la Empresa Petrolera Andina S.A. (EPAN), una asociación entre YPFB y Repsol.
La Ley 3058 de Hidrocarburos (del 17 de mayo de 2005) y decretos posteriores del gobierno de Rodríguez Veltzé, dispusieron auditorías en las áreas financiera, jurídica, técnica y operativa de las empresas capitalizadas. El gobierno de Evo Morales contrató en 2006, entre otras, a la Sociedad Accidental IFPC–IGI–CAT para auditar a EPAN (la petrolera Andina) y otras auditoras para las demás capitalizadas.
Esa auditoría reveló un hallazgo escandaloso y sorprendente: sin requerimiento previo ni justificativo legal, y tan solo mediante la nota ministerial MCEI-835/2000 fechada el 28 de agosto de 2000, se certificó que “todas las obligaciones inherentes al cumplimiento del compromiso de inversión dejan de estar vigentes…”(sic).
Es efecto, se dio por cumplida la inversión comprometida de 214,8 millones de dólares, pero la auditoría verificó apenas 48,6 millones de dólares invertidos, es decir sólo un 22%, dejando un faltante de la friolera de ¡166,1 millones de dólares!
Este es el único caso en que el informe de auditoría pudo ser recuperado y conocido después de 18 años. ¿Cuántos otras certificaciones de cumplimiento de inversión de capitalización en energía, telecomunicaciones o transporte habrán sido extendidos de la misma manera?
La ley exige que informes de este tipo sean remitidos a la Contraloría, la Presidencia, las comisiones legislativas y, en su caso, al Ministerio Público, para determinar responsabilidades ejecutivas, civiles, penales o administrativas. Pero al menos de este informe no se conoce seguimiento alguno.
Las conclusiones de la auditoría a EPAN fueron contundentes:
- Inversiones declaradas por 214,8 millones de dólares, pero sólo verificadas por 48,6 millones de dólares.
- Obligaciones extinguidas en el año 2000 por simple nota ministerial, sin auditoría.
- Auditores que avalaron falsamente inversiones.
- Manipulación de reservas entre 1999 y 2004 para beneficiar a Repsol en mercados internacionales.
- Declaración de utilidades ficticias y reparto de dividendos, incluso enviados a la casa matriz.
- Omisión sistemática del pago de Impuesto a las Utilidades entre 1997 y 2005.
En resumen, existió un faltante neto de 166,1 millones de dólares, información engañosa al Estado, estados financieros no confiables e indicios de fraude contable y evasión tributaria, con responsabilidad compartida entre ejecutivos, auditores, AFP y de altos funcionarios públicos.
La pregunta es inevitable: ¿quiénes tuvieron –y aún tienen– interés en que informes de auditoría como el de EPAN (Andina) queden en el olvido? Si solo en este caso falta más de 166 millones de dólares, ¿a cuánto podrían ascender las inversiones incumplidas en las demás empresas capitalizadas? ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales el exvicepresidente Álvaro García Linera requisó esos informes y no se los ha difundido hasta hoy como establece la ley, y como reclamó en su tiempo el exministro Andrés Soliz Rada?
Por este tipo de irregularidades conviene mirar con lupa el fondo que hoy ofrece Tuto y su régimen de seguridad de compromiso de inversión y cumplimiento de contratos. Si después de la Capitalización se “certificaron” alegremente inversiones incumplidas por mera nota ministerial, el riesgo de que la historia se repita es evidente.
Ojo con ello.
