El 6 de Agosto de 1825, la Asamblea Deliberante fundó la república independiente de Bolívar —luego Bolivia— sobre la base del territorio de la Audiencia de Charcas, el lugar más disputado por realistas y rebeldes a raíz de cobijar al Sumac Orcko, Cerro Rico de Potosí, seno materno de la Modernidad y sustento del nuevo Estado.
Esta decisión emancipó al país de la España de Europa dentro de un movimiento que envolvió a Hispanoamérica entera en una compleja vorágine de ideas e intereses. Fue el momento de creación de un estado independiente que rehusó anexarse a las provincias del Río de La Plata y al Perú.
Con esta decisión, la Asamblea Deliberante puso hace doscientos años la primera piedra de un Estado en el sentido moderno del concepto, cuya legitimidad requiere de una constitución, norma esencial que lo define con base en la consideración primicial de los derechos de las personas como su punto de partida y de llegada; habiendo sido satisfecho tal requisito en noviembre de 1826 con la promulgación del texto constitucional redactado por Simón Bolívar a encargo de la misma Asamblea.
Dicha norma, a pesar de su de inspiración liberal, condicionó la calidad de la ciudadanía a saber leer y escribir y a no estar sometido a otro “en clase de sirviente doméstico”, brecha de exclusión de una mayoría de la población que impactó en la esencia de la República, forma de estado cuya denominación significa “cosa de todos”, siendo los “todos” los habitantes de su territorio, iguales ante la ley, con los mismos derechos y deberes; ciudadanos que participan en las decisiones sobre los asuntos de interés común, conformando un conjunto que se convierte en el “soberano”. El “pueblo”.
Bajo tal fórmula teórica, igualdad jurídica y soberanía configuran el carácter antitético republicano a la autocracia, pues según el postulado doctrinario de John Locke el Estado surge de un contrato social protector de los derechos individuales limitando el poder, en manifestación de la inherencia entre el Estado y el Derecho conforme la construcción filosófica política de la Modernidad.
De allí resulta la correlación perfecta entre Estado y Derecho: por un lado, el Estado es la fuente formal de validez del Derecho, y el Derecho, organiza, legitima y limita el poder del Estado. En esa relación se produce el Estado de Derecho, aquella estructura depositaria del poder sometida jurídicamente a la Constitución y a las leyes, quedando todos sus operadores, desde el de mayor nivel jerárquico a los de la base, elegidos o designados, obligados al desempeño de sus funciones en sujeción estricta a las prescripciones legales, bajo amenaza de sanción.
Por tales antecedentes, es correcto afirmar que no hay Estado en rigor de verdad histórica y filosófica que no obedezca a una constitución que declare y garantice el sistema de derechos de las personas con base en el principio de igualdad jurídica -la ciudadanía general- lo cual presupone a la democracia como tipo de gobierno. En otras palabras, el Estado en el sentido sustancial y no meramente formal, siempre es democrático porque es “de Derecho”, y es “de Derecho” porque su forma de gobierno es la democracia.
En el caso boliviano, la consolidación del Estado sustancial se logró en el largo camino recorrido desde 1825, con avances trascendentales en materia de igualdad jurídica y, por consiguiente, de construcción de ciudadanía general, destacándose el voto universal incorporado en 1952, y la participación popular puesta en vigencia en 1994.
La democracia, medio natural del Estado de Derecho, no se reduce a un sistema electoral libre, igualitario, independiente y seguro. No. Abarca el catálogo de los derechos de las personas y sus garantías, un sistema de partidos políticos, alternancia en el poder, independencia de poderes y sistema de contrapesos, justicia independiente, prensa libre y rendición de cuentas. Sólo así se garantiza el ejercicio del poder dentro de los límites jurídicos establecidos.
Como efecto de ello, allí donde hay autocracia no existe Estado de Derecho, pues ni hay Estado ni hay Derecho al ser reemplazados por violencia institucionalizada y órdenes arbitrarias del poder bajo la forma de leyes. Como en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como en Bolivia desde 2006, inicio de un tiempo de cosecha de la larga siembra de la confrontación para la cancelación de la democracia, como nunca antes. Buenas intenciones, ingenuidad, descontento, complejos de culpa, resentimientos y ambiciones confluyeron en la suplantación de la realidad por la promesa de un paraíso para los excluídos con la receta socialista del siglo XXI y vino el desastre institucional-jurídico y medio de una crisis multidimensional.
A 200 años de fundación de la República es deber nuestro reponerla, como Estado de Derecho con Democracia plena, venciendo al miedo y al desaliento, con ese “amor desenfrenado por la libertad” que, en palabras de Bolívar define a Bolivia. La fecha inicial de tal tarea es el 17 de agosto. Ciudadanos, ¡a por ella!
