Es difícil remontar los efectos del “socialismo del siglo XXI” enseñoreado desde 2006. Tanto tiempo no es gratis, pasa facturas enormes. No puede ser de otro modo, pues fueron veinte años en que los conductores, voceros y operadores del “proceso de cambio” hicieron y deshicieron de vidas y haciendas en Bolivia con impunidad.
Un resabio indeseable es la presencia de centenares de sujetos auspiciados en la función pública por las redes de influencia extendidas desde la llegada del autor de aquello de “le meto nomás”, portador de una vocación incontenible para eternizarse, detrás de quien se instalaron en los escritorios para usar y abusar a su antojo a cambio de su servilismo con el desastre. Allí mismo siguen, asidos con uñas y dientes a los espacios de poder en todos los niveles del inmenso aparato burocrático extendido sin medida ni clemencia como parte del festín pluri cuyos costos pagamos.
Ellos son depositarios de información indispensable para la prosecución del día a día administrativo del cual dependen los intereses públicos y la situación de miles de ciudadanos, condenados a transitar por las rutas retorcidas definidas en los veinte años de prácticas corruptas. En surrealista combinación, no son prescindibles de la noche a la mañana porque en sus manos guardan las llaves de los candados que hay que abrir para salir de las trampas puestas por los jerarcas del poder masista, y son temibles saboteadores de la nueva gestión gubernamental, dispuestos a sabotear a los recién llegados para propiciar su fracaso en apuesta al retorno del pasado de latrocinio y abusos que, como sea que haya sido, llegó a su fin en las elecciones de 2025. Felizmente.
Se suma la persistencia del modus operandi del MAS que impregnó de cabo a rabo a la militancia del IPSP fundado en Lauka Ñ, y a una parte de la sociedad boliviana, hasta el punto de convertirse en un modus vivendi delincuencial, configurando una verdadera cultura, cuya esencia hace de ella un objeto de estudio de la Criminología, verdadero talón de Aquiles de cualquier proyecto societal y estatal nuevo.
De allí surge el reto de la transformación cultural como condición indispensable de la viabilidad del país, y su cumplimiento debe ser paralelo a la reposición del estado de derecho, esa cualidad civilizatoria en que todas las personas, autoridades, funcionarios y ciudadanos comunes, sujetan sus actos a las leyes bajo amenaza de sanción en caso contrario. Todo en resguardo de los derechos y las garantías derivados de los valores cuya vigencia cohesiona a la sociedad y la blinda para contener al crimen y a la inseguridad.
Los sucesos últimos relacionados con el escándalo de las 32 maletas y el fracaso de las autoridades frente al abuso de los avasalladores de tierras en Santa Cruz evidencian la profunda debilidad que asola al país en este ámbito. El crimen organizado arremete desde afuera y sus elementos se infiltran a diestra y siniestra, y el Gobierno está bajo asedio. En tal contexto, no se puede negar que su tarea de construcción de poder real está pendiente y urge cumplirla. Poder real, no absoluto pero real, como cualquier poder democrático que no avasalla ni oprime, que dirige la nave del Estado con base en los consensos.
Es un desafío que requiere por una parte la remoción de personal público, la incorporación de personas con los perfiles adecuados para la alerta temprana y el diseño y aplicación de estrategias de contención y lucha contra el crimen organizado. Por otra, la edificación de una base de sustentación política suficiente para el arribo a acuerdos que procuren los cambios legales que demanda este nuevo tiempo.
Enfrente hay avances significativos; entre ellos la eliminación de la subvención a los hidrocarburos que aligera la carga a las finanzas públicas; la rebaja del valor de la divisa y el inicio de la devolución de dólares a los ahorristas; la disminución del riesgo país; el retorno de Bolivia a los escenarios internacionales con autoridades que ya no nos avergüenzan como los disfrazados de antes. Finalmente, aunque a cuenta gotas, las señales efectivas del fin de la impunidad por la corrupción con varios sujetos sometidos a la acción judicial por la comisión de delitos en función pública.
Las señales positivas más claras provienen del Ministerio de Educación, desde donde se vienen tomando decisiones pertinentes en función de la superación de la debacle educativa, como el reforzamiento de la lecto-escritura en todos los niveles, la prohibición de suspensión de clases por motivos extracurriculares, la aplicación de sistemas de medición de calidad, la eliminación de textos únicos y los puntos sobre las íes a las juntas escolares. Esto merece un aplauso.
El balance del momento político actual a casi tres meses de la ascensión de Rodrigo Paz a la Presidencia no es negativo. Ya comenzó un nuevo tiempo en Bolivia y la prevención contra las noticias falsas y el desarrollo de pensamiento crítico son las tareas ciudadanas. Con ánimo y esperanza.
