El 15 de junio pasado, César Siles renunció al cargo de ministro de justicia, sacudiendo a la opinión pública. “El Deber” el 20 de junio sintetiza el asunto: “La renuncia del ministro de Justicia César Siles anticipó el caso Consorcio. Un audio reveló diversas reuniones para destituir a una magistrada del TSJ. Los implicados en esta trama se enfrentan a la justicia”.
El audio es de la conversación entre Siles y Fernando Marcelo Lea Plaza, juez de Coroico. En ella Siles, muy afable, instruye a Lea Plaza la emisión de un fallo en una acción de cumplimiento puesta a su conocimiento, del cual dependía quitar del camino a Fanny Coaquira, magistrada del tribunal supremo de justicia, para sustituirla por su suplente, Iván Campero.
Hay detalles importantes en los términos de esa conversación que atañen al objeto de este artículo. En principio, establecen que quienes hablan no se conocen. Asimismo, dan cuenta de charlas previas del exministro con “Córdova y Campero”. Prosiguen, sin vueltas, con una garantía que el ex ministro de Justicia le da al entonces juez, asegurándole: “(…) y usted pierda cuidado de que, desde acá, no vamos a iniciar ni realizar ninguna acción… al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitir confirme el tribunal constitucional, y también para controlar cualquier reacción que pueda tener, ¿no? Pero eso está conversado a muy alto nivel doctor, no se preocupe, usted también va a estar protegido”.
Con tales antecedentes, el caso queda bautizado como “Consorcio” en versión corta; como “consorcio judicial” en versión larga, y se convierte en un gran escándalo. Por tal razón, conviene profundizar la reflexión sobre sus principales notas para aproximarse lo mejor posible a la verdad.
En principio, corresponde recordar que “consorcio” es una “agrupación de personas o entidades para un fin común, generalmente de carácter económico”. Así, es sinónimo de corporación, sociedad, asociación o empresa. Por consiguiente, “consorcio” no tiene connotación negativa, ni moral ni legalmente. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, se torna una figura reprochable, sea desde la perspectiva ética o jurídica. Ese es el caso del “consorcio de jueces y abogados”, delito incluido en el Código Penal Boliviano desde 1972, habiendo sido modificado varias veces, hasta quedar como sigue:
Artículo 174. (Consorcio). Las autoridades jurisdiccionales, los consejeros de la Magistratura, servidores de apoyo judicial, fiscales, servidores de apoyo a la función fiscal, conciliadores, abogados, policías, peritos, médicos, médicos forenses, trabajadores sociales y cualquier servidor público o profesional que concertaren entre ellos o formaren parte de consorcio, con el fin de obtener ventajas ilícitas, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco (5) a diez (10) años, multa de doscientos cincuenta y uno (251) a cuatrocientos (400) días e inhabilitación.
El hecho configurado en el caso que involucra a César Siles y otros, no corresponde a este tipo penal, pues no se trata de una “concertación”, un acuerdo entre partes, para “obtener ventajas ilícitas”. Los hechos hablan por sí solos: el poder ejecutivo, a través de sus operadores – de mayor o menor rango según el caso- instruye a los miembros del poder judicial -incluyendo a quienes forman parte de sus órganos coadyuvantes- hacer y deshacer en el ejercicio de sus funciones, lo que quiere.
De tal constatación se desprende, por un lado, que aquellos operadores del aparato jurisdiccional que se someten a los designios del poder ejecutivo cometen otro tipo de delitos; por ejemplo: prevaricato, con garantía de impunidad por decisión de este poder. Por otro, este desastre no viene desde el 15 de junio de 2025, sino de enero de 2007, cuando el régimen comenzó una campaña de desprestigio contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Constitucional, con acusaciones de corrupción lanzadas sin base alguna, pero sin pausa también.
La reacción de los aludidos fue la prevista según el libreto de los enemigos de la democracia y el estado de derecho. A diciembre de ese año se precipitó su renuncia, casi en su totalidad, paralizándose el funcionamiento de este poder del estado. Tal situación sucedió igualmente con el Ministerio Público y no se detuvo en ese nivel máximo de jerarquía. El Poder Ejecutivo hizo lo propio con las Cortes Superiores de Justicia y los Juzgados. El desmantelamiento del poder judicial ejecutado por el régimen inviabilizó la efectividad del orden constitucional vigente todavía en ese momento, dejando libre el camino de violación sistemática de los derechos humanos. El golpe definitivo se dio con la impostura constitucional de 2009.
Entonces: ¿cuál es el nombre que tiene lo sucedido en este caso? DICTADURA, ese régimen de gobierno cuya característica esencial es la concentración de los poderes y la cancelación de la independencia judicial para instaurar el abuso y la injusticia. Eso es lo que tenemos que derrotar en agosto de este año.
El 22 de enero de 2006, en su primera posesión como Presidente de la República quien fugaría en 2019 y hoy es prófugo por cargos de estupro, pronunció un discurso plagado de mentiras, simplista y parcializado, con la cuestión indígena como único eje histórico. Simplificación malintencionada, marcó dos líneas estratégicas del proyecto diseñado desde el Caribe: la suplantación de la historia y la confrontación. Sus consignas: mentir para dividir y dividir para reinar.
Paradoja, pues la ascensión del MAS al poder se produjo gracias a la institucionalidad democrática construida por el sistema político desde 1982. Con todas sus imperfecciones, los partidos políticos, en función de gobierno y de oposición, cultivaron la cultura del diálogo para lograr consensos que impulsaron el avance de la inclusión y la democracia en el país. Sobre ella cabalgaron los jinetes de la confrontación, la violencia y la muerte en su camino hacia la toma del poder para tirar abajo, ladrillo a ladrillo, esa construcción.
Asimismo fue. El 23 de enero de 2006, “luego de posesionar a su primer gabinete de ministros, el nuevo Gobierno anunciaba el pase a retiro de 24 generales que se aprestaban a comandar las tres fuerzas”, informaba eju.tv. Tres promociones de oficiales de las FF.AA. fueron expulsadas del servicio activo, primer paso de la cooptación de la institución “tutelar de la Patria”. Ya luego llenarían la boca de los uniformados con el grito del ejército invasor derrotado en Ñancahuazú, instrumento de liquidación de autoestima individual e institucional. Preparación subjetiva para la sumisión de oficiales, clases y tropa ante la usurpación de mando ý la ocupación territorial por extranjeros.
El desmantelamiento del Estado no paró. En 2007 comenzó una campaña de desprestigio contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Constitucional, con acusaciones de corrupción sin base y sin pausa. Los aludidos reaccionaron como previó el libreto del poder: a diciembre de ese año renunciaron casi todos, en defensa de su honra y fama.
Lo mismo sucedió en las Cortes Superiores de Justicia, Juzgados y Ministerio Público. Se decantaron juristas y esbirros. Los primeros renunciaron. Los otros se quedaron cumpliendo la tarea sucia de mantener apariencia de institucionalidad en pro del autoritarismo. Su paciencia y desvergüenza les procuraron beneficios espurios al manejar procesos de diferentes juzgados a su sabor y antojo. Se saben los negociantes de fallos y sus tarifas. Algunos saltaron a cargos supremos donde habrán ganado más administrando injusticia.
Se despojó de su majestad a la justicia y el estado de derecho fue cancelado. Se abrió camino a la violación sistemática de los derechos humanos, otra línea estratégica de la dictadura: el terror, dejando claro que “se hace por las buenas o las malas”, porque “yo le meto nomás”. Esa es la causa de la podredumbre judicial creciente cuyo hedor envuelve el reinado del crimen y la violencia, afuera y dentro de las cárceles.
En paralelo, se asaltó el Registro Civil. Ahí yace una gran parte de la limpieza o la mugre de los procesos electorales. Los experimentados demoledores de la institucionalidad democrática llegados desde Venezuela comenzaron la instalación de esta clave del fraude, componente fundamental del vaciamiento de la democracia para la erección del potente simulador.
Jimena Costa, politóloga de prestigio, como Juan Bautista en el desierto alertó temprano sobre esta situación. En vano. La caterva azul gritaba con los puños en alto: “¡A Barrabás, a Barrabás!”. Era hegemónica. Y no pudo ser de otra manera porque el aparato de propaganda instalado desde 2006 funcionaba a toda máquina 24/7, con una red de “radioemisoras comunitarias” de cobertura territorial completa. Se sumó tal recurso a la línea del canal 7, el de mayor alcance en el país.
El desmantelamiento de la democracia y el estado de derecho fue completado con la patraña constitucional, uno de los mayores engaños de la historia montado y ejecutado a ojos vistas y bocas cerradas. El resultado se simboliza en la tenebrosa imagen de la fálica construcción llamada “casa grande del pueblo”, tan parecida a “Barad- Ur”, la “Torre Oscura” donde mora Sauron en el reino de Mordor, en la novela “El señor de los anillos”. Su sombra cae sobre el Palacio Quemado, el del Gobierno de la República. Sí, de la República agonizante pero viva, para la cual finalmente se ve una luz de esperanza porque hemos abierto los ojos, sabemos por quienes no vamos a votar, estamos decididos a cuidar la victoria democrática y a tener paciencia en la enorme empresa que es levantar a Bolivia desde las cenizas.
Es que los desafíos son tremendos: recuperar la memoria histórica para fortalecer nuestra identidad, el orgullo de nuestro mestizaje; poner en pie el estado de derecho como base de la cohesión social y desde allí, salir del foso del derrumbe económico provocado por la canalla que asoló a Bolivia los últimos 20 años.
