El parque Noel Kempff Mercado volvió a ser noticia por una muerte provocada por el narcotráfico. La primera vez fue en 1986 y sirvió para confirmar que no solo el ejército de aquellos años, sino que los políticos bolivianos estaban involucrados con las mafias de las drogas.
Para nadie es un secreto que la actividad delincuencial de alto nivel está estrechamente vinculada con la política. Eso se debe a que el crimen en altas esferas genera altas ganancias, las suficientes como para infiltrarse en la práctica política y, de esa manera, llegar al poder. Una vez en el poder, o con suficientes vínculos con este, una organización delictiva de alto nivel puede asegurarse de seguir delinquiendo sin temor al control de los organismos de seguridad del Estado.
Esa es una de las explicaciones más coherentes a la relación entre política y narcotráfico que se reporta incluso desde tiempos del primer gobierno de Banzer, en la década del ‘70.
El caso emblemático de esas relaciones es la dictadura de Luis García Meza Tejada. Ese gobierno no solo tuvo vínculos con el narcotráfico, sino que su figura más importante después del presidente, el ministro del interior Luis Arce Gómez, ya era un importante traficante de cocaína antes de llegar a ese cargo. Ese y otros hechos convirtieron a Bolivia en un narcoestado; es decir, un país gobernado por narcotraficantes.
Tras la recuperación de la democracia, el narcotráfico mantuvo sus vínculos con los políticos. En septiembre de 1986, la reducida expedición científica de Noel Kempff Mercado aterrizó accidentalmente en la serranía de Caparuch, un lugar donde funcionaba una gigantesca fábrica de cocaína conocida como Huanchaca. El científico y dos de sus acompañantes fueron acribillados por los narcotraficantes, pero el cuarto de ellos, Vicente Castelló, logró escapar con vida. Al retornar, denunció lo ocurrido pero las autoridades del gobierno de Víctor Paz Estenssoro poco o nada hicieron para movilizarse de inmediato y rescatar a las víctimas. Lo hicieron muchos después, luego de varias excusas, y, cuando se llegó hasta Huanchaca, se encontró que la factoría de droga había sido desmantelada. Estalló el escándalo conocido como “caso Huanchaca” que, finalmente, terminó sin responsables. El diputado cruceño que investigaba el asunto, Edmundo Salazar, fue asesinado.
Huanchaca sirvió para demostrar que los nexos del narcotráfico con el poder comenzaron, efectivamente, en el primer gobierno de Banzer, en el que la producción de coca había subido de 6.800 a 16.817 toneladas de coca. El general solo le dejó el poder a su delfín, Juan Pereda Asbún, que ganó las elecciones con un gigantesco fraude electoral, y a quien le regaló 7.200 hectáreas de tierra en el noreste cruceño. Esas tierras eran Huanchaca.
Poco después, otro escándalo salpicó a otros políticos. El hallazgo de papeles personales de los narcotraficantes Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez revelaban supuestos vínculos con el Movimiento de la izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora. El denominado “caso narcovínculos” determinó que el segundo hombre del MIR, Oscar Eid Franco, pase un tiempo en la cárcel.
Actualmente, la producción de droga ya no se limita al Chapare, sino que se ha extendido al altiplano y es un secreto a voces que los avasallamientos de tierras en el oriente están vinculados con la expansión de la fabricación de drogas en Bolivia.
Por eso es que Huanchaca ha vuelto a caer en manos del narcotráfico. El lugar, declarado parque nacional, fue bautizado como Noel Kempff Mercado precisamente en homenaje al científico asesinado en 1986. Ahora el asesinado un sargento de policía, Wálter Huayhua Yujra. Será muy difícil que el gobierno le ponga su nombre a alguno de esos lugares que son dominados por fabricantes de drogas.
Han pasado 36 años y las cosas no han cambiado.
