Preocupada por la oleada de mercaderías que ingresaban al país por el lado de Villazón, la Aduana Nacional por fin se decidió a enviar refuerzos a aquellos que combaten el contrabando en ese punto fronterizo.
Desde luego, tiene que ver con la crisis económica que afecta a Argentina y ha motivado, entre otras cosas, que los ciudadanos del norte de ese país ya no ahorren en su moneda nacional, sino en Bolivianos, y, en el caso de quienes viven en La Quiaca, establecer una doble residencia, tanto en esa ciudad argentina como en la boliviana Villazón.
Pero los refuerzos fueron enviados tarde porque, desde hace décadas, el contrabando campea en esa región fronteriza y se ha convertido en algo muy normal. Solo un río separa a las dos ciudades, pero el puente internacional es suficiente para cruzar caminando. Hay controles, pero siempre fueron insuficientes, como prueba el hecho de que hay productos argentinos vendiéndose en los mercados informales de Bolivia.
La intervención de los refuerzos, entre los que se encontraba personal del ejército, motivó la furia de los contrabandistas que, para evitar que su mercadería sea incautada, optaron por quemarla. Eso no es todo… hasta el momento de escribir este artículo, esos mismos contrabandistas protagonizaban bloqueos de caminos que habían interrumpido el tránsito hacia la Argentina.
¿Qué pedían? Pues sencilla y llanamente que les dejen seguir metiendo mercadería de contrabando a Bolivia porque, según argumentan, es su medio de vida. Tal vez miraríamos sus demandas con alguna indulgencia, pero es preciso recordar que el contrabando es un ilícito; es decir, un delito tipificado como tal en el Código Tributario y en la Ley 1053. Es más… esta última fija penas que van desde ocho a 12 años de cárcel y faculta a las Fuerzas Armadas y la Policía “al uso de armas de fuego, municiones, explosivos, equipamiento y otros materiales relacionados, que sean proporcionales al riesgo de los operativos en la lucha contra el contrabando”,
Pero esto les importa muy poco a los contrabandistas porque, para ellos, lo ilegal de su actividad se ha hecho normal. Y esto no tiene que ver con política porque, antes del MAS, ningún otro gobierno se atrevió jamás a frenar el contrabando, que se consolidó en las fronteras como algo muy normal, y así se le causó daño a la industria nacional.
Lo que preocupa es que el contrabando no es el único delito que se ha normalizado en Bolivia. Con múltiples rostros, la corrupción campea en el país desde los sobornos que se paga a un policía para evitar una boleta de infracción hasta el porcentaje a una autoridad por haberle hecho ganar una licitación, pasando por lo que se debe hacer para conseguir un puesto en la administración pública.
Tan ilegal es este país que uno de sus presidentes se atrevió a violar la constitución y fue echado del poder por eso. Pero, ahora, llama a eso “golpe de Estado” y persigue, y encarcela, a quienes estuvieron involucrados en su humillación pública.
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
