Los últimos acontecimientos suscitados con colegas abogados, arbitrariamente perseguidos por algunos fiscales por el gravísimo pecado de defender a la dama de azul enfrentándose al omnímodo poder de su jefazo, me obligan salir en defensa de los defensores. Por cierto, ese abusivo proceder del estado administrado por el gobierno actual no es novedad para nadie: lo sufrimos antes los chuquisaqueños, luego los cambas, los potocos, los médicos, los curas, siguen los hermanos con capacidades diferentes y ahora, nos tocó a los abogados y a los periodistas. Se dispara contra todo lo que se mueve en supuesto sentido contrario a la enloquecida y desesperada locomotora oficialista; es la marca registrada de su delirante ejercicio del poder, sin reconocer límites de ninguna naturaleza, menos los legales o los que ofrece el sentido común: la “doctrina del meterle no más”.
Tratándose del ejercicio de la abogacía, estimo pertinente ofrecerles estos juicios. Empiezo recordando —como hasta ordena la nueva ley del ramo hecha el 2013 por el gobierno a su medida— que la abogacía es una función social, que está: “al servicio de la sociedad, del derecho y la justicia”. Para ello, esa ley nos otorga estos principios: Independencia, por el que —en todo momento, hasta dice la ley— el abogado está exento de cualquier presión o influencia externa. Fidelidad: la obligación de no defraudar la confianza del patrocinado. Lealtad: nos obliga defender los intereses del patrocinado, sin crearle falsas expectativas ni magnificar las dificultades (ser veraz, dice la norma).
Luego está el principio de libertad de defensa (en serio, así dice esa ley…) para preparar y desarrollar la defensa por todos los medios legales en favor del patrocinado y el de confidencialidad, que obliga guardar para sí las revelaciones del patrocinado. Toda una coraza…de papel, como se concluye fácilmente a la vista del estado del arte.
Ya sé que en el plurinacional, la mayor parte de las leyes son puro papo (sobre todo cuando se trata de algún poderoso de turno, al que ningún amarrawuato es capaz de ponerle límites) pero continuando con mi conocida ingenuidad legal, debo añadir también que entre nuestros derechos, aunque le parezca increíble a esta altura de los abusos, incluso gozamos del instituto de la inviolabilidad por nuestras opiniones escritas o verbales emitidas en instancias jurisdiccionales o administrativas, la que alcanza también a nuestras oficinas, documentos y objetos e incluye el derecho a no ser perseguidos, procesados o detenidos —se entiende por el ejercicio de nuestra función—, salvo por si acaso, la comisión de algún delito.
Así el estado de nuestras garantías, me interesa dejar sentado que todo ese conjunto de protecciones para el ejercicio de mí, pese a todo, hermosa profesión no se han establecido universalmente para proteger —unilateralmente— a los abogados, porque seamos una casta de privilegiados en palabras de algún desubicado colega que nos tiene acostumbrados con sus dislates, sino fundamentalmente constituyen mecanismos creados para garantizar la defensa efectiva de los intereses de las personas que acuden a nosotros, para confiarnos la defensa de su vida, honra y bienes. De lo contrario, la defensa que estamos llamados a brindar, quedaría vaciada de contenido y tornaría ineficaz: no produciría el resultado esperado.
Por tanto, la inviolabilidad del ejercicio de nuestra profesión por la que hemos marchado el pasado viernes en todo el país, es en esencia, la defensa del derecho de todos los ciudadanos que eventualmente requerirán de nuestros servicios, incluyendo a quienes —hoy— gozan y abusan de su descontrolado poder, que como nunca es eterno, podría ocurrir terminen necesitándolos, extremo muy probable, dada la sistemática vulneración que hasta de sus leyes, incurren descaradamente. A propósito, ZAFFARONI gusta decir que: “el Derecho Penal se aplica a los pobres y a los gobiernos que han dejado el poder…” ¿Será ese el temor que les enfría el espinazo?...
