El sábado ha jurado el abogado David Alonso Tezanos Pinto Ledezma como Defensor del Pueblo. Fue elegido por dos tercios azules de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sumándose como la cuarta autoridad defensorial en los últimos 18 años y el segundo en la década del masismo. El presidente del Senado aseguró que la nueva autoridad tiene una “trayectoria profesional y personal intachable”, dijo también que el hecho de que sea funcionario público no le descalifica de la merecida elección y le faltó decir que votó y dijo SI a gritos en el referendo para la reelección de Evo Morales. Los medios de comunicación no han hecho el seguimiento adecuado a este apresurado proceso, lo cual ha sido aprovechado por el MAS para consolidar el aseguramiento de uno de sus militantes en el cargo, como fueron en su tiempo Waldo Albarracín y Rolando Villena, dos personajes muy comedidos y obedientes de las instrucciones políticas del gobierno, y además alineados en el nacionalsocialismo comunitario; hasta que terminaron dándose cuenta que su obediencia era vergonzosa.
Es que los legisladores azules han terminado viciando el procedimiento para elegir al Defensor del Pueblo, y esta última elección no ha sido la excepción. Quizás era un plan de gobierno elegir a alguien con un bajo perfil, pero lo que nadie duda es que el nuevo Defensor sale de las oficinas públicas en las que se coacciona verticalmente a los funcionarios, hasta para orientar el voto que se entiende secreto en cualquier elección. Estoy en condiciones de afirmar que en las oficinas públicas coaccionan groseramente los que las dirigen y son coaccionados los que son dirigidos, así que alguien me tiene que convencer que el nuevo Defensor nunca agitó una bandera azul.
Entonces y por integridad, la primera tarea del nuevo Defensor es proclamar públicamente su desvinculación del poder central y declarar abiertamente que defiende los derechos humanos, además de los principios y postulados democráticos del Estado de Derecho. El Defensor del Pueblo se constituye por mandato constitucional, en el justiciero que acciona contra los abusos del poderoso que medra en cualquier órgano del Estado, incluido el jefe del MAS; y que por esa razón básica no podrá ser objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones. Esta premisa debió diferenciar a los ciudadanos que se postularon para defender al pueblo, de aquellos personajes que concursaron para defender las instrucciones que reciben del MAS. Desde un principio se notó a las claras que la convocatoria a los postulantes estaba llevando las aguas hacia los molinos de algún masista que no tiene una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, o una probada probidad personal para enaltecer la independencia del Defensor frente a los que maltratan gobernando.
Los ciudadanos y ciudadanas dignos hemos perdido el último bastión de libertad y dignidad. Ya vendrán momentos mejores en los que la honestidad sea parte de un proceso en el que se promueva un verdadero y justo concurso público entre los postulantes a Defensor del Pueblo, de tal modo que ellos puedan destacar sus méritos éticos y legitimarlos ante el verdadero pueblo. De lo contrario, será mil veces preferible que la institución del Defensor del Pueblo desaparezca antes que se convierta en una oficina que absorba instrucciones del Ejecutivo. Así de simple.
